La Comisión del Derecho a la Salud pedirá información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre la veeduría ciudadana realizada al Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de la ciudad de Guayaquil durante el período 2008-2010.
Los asambleístas consideraron que no hubo mecanismos de alerta temprana, sino que se actuó cuando colapsó dicho centro de salud y que las soluciones que se presentan son estructurales y no de gestión oportuna.
Esta decisión la tomó luego de escuchar los criterios del Director General del IESS, José Martínez; la Directora Nacional de Seguro de Salud Individual y General, Nilda Villacrés, acompañados de la abogada Cristina Murgueitio, quienes explicaron los avances y las propuestas que se están presentando para dar una solución estructural a un problema que tiene muchos años.
José Martínez recordó que el IESS tiene bajo su responsabilidad dos procesos agregadores de valor: generación de ingresos para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social a futuro y las pensiones por vejez e invalidez.
Explicó que el HTMC, es una unidad de tercer nivel, que fue creada hace 44 años, atiende 33 especialidades, cuenta con 368 camas y el flujo de atención es de 5 mil pacientes por día, con pacientes de todo el país.
Indicó que como antecedentes para el proceso emergente de intervención se tuvo el informe de veeduría ciudadana realizado en 2008-2010 y recibido en septiembre de 2014, el mismo que entre otras cosas, identificada doble pago a prestadores de salud; dificultades en la adquisición de medicamentos; falta de gestión administrativa, financiera y talento humano; falta de gestión clínica; irregularidades en procesos, que derivó en 8 denuncias.
Mientras que Nilda Villacrés dijo que el diagnóstico fue un hospital con falta de mantenimiento y obsolescencia de equipos; área de emergencia saturada; falta de permisos de funcionamiento; multiplicidad de bodegas e inadecuada gestión; falta de implementación de normas de procesos. deficiencia en derivaciones.
De su lado, el asambleísta Raúl Auquilla, indicó que se han presentado acciones que pretenden solucionar problemas, pero lo que más debe preocupar es la derivación que se ha hecho a centros de salud privados de pacientes del IESS en las que seguramente hay indicios de corrupción.
Varios legisladores coincidieron en advertir que después de 4 años de la veeduría ciudadana no se tomaron medidas sobre las irregularidades detectadas y se esperó mucho tiempo para tomar decisiones y enfrentar el problema.
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