Luego de cuatro jornadas de trabajo y la intervención de 67 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional, analizó los cinco libros que conforman el Código Orgánico General de Procesos que contiene 464 artículos. En la continuación de la sesión, hoy los legisladores analizaron los Libros IV y V referentes a los procesos: ordinario (contencioso, administrativo y tributario); sumario, monitorio y voluntarios; mientras que el Libro V contiene todo lo referente a la ejecución.
En el debate el legislador Patricio Donoso pidió precisar el articulado referente al silencio administrativo y aclarar qué pasará en términos prácticos con este proceso y con el ciudadano que no recibió respuesta; en cambio la legisladora María Soledad Vela dijo que es necesario revisar algunos artículos del Código de Procesos porque afectaría el sentido de la función de los notarios, a la vez que hizo reparos a la facultad que este instrumento otorga a los notarios para inscribir los contratos de arrendamiento, facultad que la tiene el juez de inquilinato
De su lado, el legislador Henry Cucalón resaltó que el COGEP es una normativa técnica que permite al ciudadano acceder a un sistema de justicia con celeridad y el Parlamento cumple un reto histórico porque con este cuerpo legal se asegurará una justicia con eficiencia, imparcialidad y honestidad. Advirtió que se mantienen las falencias en el tema del silencio administrativo por ello pidió aclarar este particular. Sobre el silencio administrativo, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino señaló que no existe un retroceso en este asunto y que está debidamente en lo que respecta a los procedimientos judiciales.
La asambleísta Marisol Peñafiel al reconocer el trabajo de la Comisión en el tratamiento del COGEP, subrayó que el procedimiento sumario permitirá que las causas sean más breves y se garantice el derecho a la celeridad que requiere el ciudadano. Al referirse al derecho de alimentos y la fijación de pensiones alimenticias manifestó que en la propuesta se debe especificar que mientras no se resuelva el tema del régimen de alimentos, no se dé paso al divorcio o a la terminación de la unión de hecho. En materia de niñez y adolescencia el tiempo de 10 días para resolver este derecho de alimentos de los niños es un tiempo prudencial. Con ello se genera eficacia jurídica, aseguró.
El parlamentario Luis Fernando Torres indicó que para hacer efectiva la revolución de la justicia con procesos rápidos, es necesario que la Judicatura cuente con los debidos recursos porque se necesitará de más salas de audiencias en los diversas materias, por lo que solicitó que antes de la votación del proyecto el Consejo de la Judicatura remita a la Comisión de Justicia la programación en materia de obras para contar con toda la infraestructura física necesaria.
Por su parte, el legislador Virgilio Hernández al hacer un análisis respecto a los laudos arbitrales y las actas de mediación sugirió excluir del artículo 1 la materia electoral que tiene su propia ley y su tribunal, el Contencioso Electoral. Mientras que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, señaló que el proyecto fue elaborado considerando que se debe eliminar de raíz la práctica desleal para demorar la resolución de las controversias. Propuso sustituir el Título III de medidas cautelares, capítulo I referente a Reglas Generales por un nuevo título denominado “Providencias preventivas”
Ramiro Aguilar señaló que en función de la resolución rápida de controversias se sacrifica algo que es indispensable: la valoración humana. Byron Pacheco indicó que en el proceso ordinario se disminuye el tiempo con la aplicación de la oralidad; el procedimiento monitorio es algo nuevo que se incluye en la normativa orientado por ejemplo a demandas por deudas menores y y destacó la inclusión de la oralidad, con lo que disminuirá la carga procesal en los juzgados. Nelson Serrano invocó a establecer la lógica jurídica en el Código de Procesos; el parlamentario Fabián Solano resaltó que el COGEP es una normativa moderna, efectiva y clara que revolucionará la justicia en el Ecuador.
Ricardo Moncayo dijo que la propuesta no está bien estructurada, pues la misma debe ser analizada para que se garantice armonía con otros instrumentos legales.
En cambio, Gabriel Rivera sugirió incorporar la figura de remates voluntarios; el legislador Miguel Moreta expresó que es necesario promover la solución extrajudicial de los litigios y que los jueces deben motivar sus fallos y tener cuidado con sentencias al apuro; Nicolás Issa pidió que el Código de Procesos entre en vigencia luego de 12 meses de publicado en el Registro Oficial e invocó a determinar un camino para la apelación y reclamo cuando un juez sanciona a un abogado; mientras que la parlamentaria Gina Godoy aclaró que el apremio no se elimina, es decir no se deja en el abandono a quienes piden el cumplimiento de pago de alimentos para los niños e insistió que las medidas cautelares para los obligados subsidiarios están vigentes.
El asambleísta Fernando Bustamante propuso revisar el tema del cobro, en el marco del juicio monitorio, a fin de evitar ciertos abusos; Fausto Cayambe presentó textos alternativos sobre aspectos en materia de medidas administrativas, procuradores judiciales; la legisladora Mariangel Muñoz al resaltar la importancia del Código General de Procesos mencionó que es necesario que tres veces al día, en tres diferentes fechas, se emitan mensajes sobre casos de citación a una demanda, en medios. Soledad Buendía pidió que se incorporen facultades correctivas de jueces y juezas, quienes deben devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sin perjuicios de la sanción que se pueda imponer.
En esta sesión del Pleno, los parlamentarios escucharon a Francisco Orellana, estudiante de la Universidad de Cuenca quien agradeció el trabajo desarrollado por la Asamblea Nacional en materia legislativa y en específico de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la construcción del proyecto de Código General de Procesos, tema que se discute en las aulas universitarias y que una vez que se apruebe esta temática será de aplicabilidad ya que marca una nueva etapa no solo en la carrera judicial sino en la vida del país.
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