Con la presencia de alrededor de 500 personas de distintas organizaciones sociales, ubicadas en las barras altas del Pleno de la Asamblea Nacional, los parlamentarios escucharon los planteamientos y observaciones de 10 representantes de distintos grupos sociales en torno al proyecto de Ley para Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo.
Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, destacó el avance y virtudes del proyecto, sobre todo la reforma a la seguridad social que incorpora a las personas que trabajan en el hogar, un grupo excluido por años y que hoy es visibilizado. Dijo que en el país se debe establecer un nuevo modelo de seguridad eficiente, solidaria, económicamente sostenible y progresivamente universal, para lo cual es indispensable la incorporación de trabajadores autónomos, artistas, transportistas, campesinos, pequeños comerciantes, entre otros.
Resaltó la eliminación del contrato a plazo fijo por uno indefinido; que la normativa protege la sindicalización y a las mujeres embarazados, ya que se prohíbe su despido.
De su lado, Alfonso Yánez, representante del Frente de Defensa del Seguro Social, dijo que este sector se opone a que se elimine el 40% de aporte del Estado para las pensiones jubilares del IESS; por ello formuló un llamado a los parlamentarios para que no se vulneren los derechos de las generaciones actuales ni de las venideras.
Por su parte, Liliana Durán, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Coordinadora Nacional del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, indicó que éste es un día histórico, porque “hemos logrado que se reconozca la seguridad social para las amas de casa. Si bien hoy se logra el aseguramiento a la seguridad social la lucha no termina, porque es necesario establecer un solo cuerpo legal que aglutine todo el proceso laboral, subrayó.
Guido Jaramillo, presidente de los Jubilados Ferroviarios del Ecuador señaló que las reformas a la Ley de Seguridad Social son beneficiosas para distintos sectores de la sociedad y al referirse al 40% que el Estado aporta al IESS para el pago de pensiones jubilares, expresó que luego de algunos diálogos se les aclaró que el aporte no desaparece, sino que se lo sustituye con una norma que obliga al Estado que cuando falten los recursos para el pago de pensiones, se obligue a pagar ese déficit, por tanto, no hay que preocuparse porque seguirán cobrando sus pensiones jubilares de manera puntual y completa.
Por su parte, Delfín Buelba, de los afiliados al Seguro Social Campesino, manifestó su desacuerdo con el proyecto argumentando que el Estado adeuda al IESS lo cual impide tener servicios de calidad en los dispensarios comunitarios.
Norma Vallejo, representante de las amas de casa, precisó que por primera vez en la historia se dan pasos que garantizan los derechos de las mujeres que cuidan a sus familiares en casa o que se hallan embarazadas. Cómo no apoyar esta normativa que protege a la mujer, evita el despido de los dirigentes sindicales; hoy la Asamblea Nacional nos libra del yugo de la esclavitud, se dignifica a la amas de casa y se garantiza el trabajo de las personas, enfatizó.
En cambio, Gabriel Riera, presidente de los jubilados de Batalla de Tarqui al precisar que acuden al recinto de la democracia sin ningún cálculo político, manifestó que su lucha está orientada a velar por los intereses de los jubilados. Pidió tranquilidad a los jubilados porque sus pensiones no sufrirán rebajas y recibirán completos sus recursos.
Gustavo Zurita, de la Confederación Única de Trabajadores Autónomos, indicó que se siente satisfecho con el contenido del proyecto, ya que por primera vez en la historia se reconocen las diferentes formas de trabajo en el país, tal es el caso de las amas de casa, las mujeres embarazadas y los dirigentes sindicales y les permite ser parte de la revolución del trabajo en el cambio de la matriz productiva.
Mientras que Juan Carlos Oleas, delegado de Movistar dijo no estar de acuerdo que se ponga techo a las utilidades, lo cual generaría una regresividad a los derechos ya ganados por los trabajadores, pues afectaría a sus familias, por lo que pidió que se analice el tema de las cargas familiares.
Por último, Cecilia Vaca, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, resaltó que el país vive un tiempo histórico, donde se reconoce el trabajo no remunerado del hogar y que el Estado y la Asamblea Nacional cumplen el anhelo de dar seguridad social a las amas de casa. El Estado reconoce la labor productiva del trabajo no remunerado del hogar, agregó.
Dijo que a nivel de Latinoamérica más del 75% de las mujeres de más de 65 años no perciben pensiones contributivas, por tanto, la familia y el Estado son corresponsables como beneficiarios directos del trabajo no remunerado del hogar.
Indicó que la universalidad de la seguridad social está en las pensiones de vejez, invalidez y muerte y se lo hará en base a ingresos de la unidad económica familiar. La cobertura de salud se lo hará a través del Ministerio de Salud Pública, las pensiones de orfandad, viudedad e incapacidad no dependen de los años de contribución, se prioriza la situación de necesidad de la familia. Es nuestro ideal que un millón quinientas mil personas puedan tener acceso a la seguridad social. Este es un día histórico, concluyó.
JLVN/pv
