En la sustentación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Justicia Laboral, la asambleísta Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, resaltó que la norma, reforma dos puntos fundamentales a la Ley de Seguridad Social, la una relacionada con el reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar y la otra sobre el financiamiento al IESS.
En el primer caso dijo, que éstas buscan la universalización progresiva de la seguridad social a todo tipo de trabajo y se reconoce el trabajo que se realiza en los hogares y que aporta en la economía en un 15.41%. Expresó que la cobertura que se da por invalidez, vejez o muerte es necesaria, cuya propuesta se sustenta en los modelos de proyecciones demográficos y financieros de la OIT, que han sido adaptados a la realidad ecuatoriana y que determinan una tasa de cotización del 13.25% suficiente para una proyección de 40 años, precisó.
Betty Carrillo destacó que la “ley no afecta en un solo centavo el monto que reciben y seguirán recibiendo los pensionistas; en ninguna parte del proyecto se dice, de forma directa o indirecta, que se reducen las pensiones, éstas siempre deberán incrementarse, así es ahora y se procura que así sea en los próximos años”.
Recalcó que el proyecto no plantea la eliminación de la contribución del 40% por parte del Estado para financiar las pensiones en curso de pago. La reforma plantea que el Estado garantiza el pago de las pensiones independientemente de su monto, pero cuando sea necesario, es decir, que la contribución no se fije de manera previa, pues algunos años será superior y en otros inferior. Hoy no es necesario, basta con ver que los afiliados son 3.100.000 y los pensionistas son 459.691, esto quiere decir que el IESS únicamente con los ingresos por cotizaciones de sus afiliados puede pagar las pensiones de sus jubilados. Es decir, el IESS está ahorrando a costa y sacrificio del Estado y el Estado somos todos…cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, afiliados o no afiliados, aseguró.
Indicó que el proyecto se construyó con el aporte de la ciudadanía y diferentes grupos sociales, para lo cual realizaron 15 sesiones, 47 comisiones generales, se recibieron 29 aportes ciudadanos por escrito, 42 observaciones de asambleístas; y 12 instituciones estatales, presentaron su apoyo técnico entre en los informes de primer y segundo debate.
Estabilidad laboral
Sobre las reformas al Código de Trabajo, señaló que la propuesta garantiza la estabilidad al trabajador, con la eliminación del contrato a plazo fijo y se determina que luego del período de prueba se lo contratará indefinidamente, garantizando con esto, el derecho de los ecuatorianos a la estabilidad.
Se mantienen 16 formas adicionales de contratación, se configura un nuevo contrato denominado por obra o servicio determinado del giro de negocio, el mismo que permite la contratación temporal de servicios complementarios o técnicos especializados y a la vez estabilidad durante el tiempo que dure la obra o servicio.
Se mantiene el período de prueba para el trabajo doméstico de 15 días y para el resto de trabajadores de 90 días.
Se genera un requerimiento institucional, solicitado y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, por los diferentes grupos de trabajadores y empleadores con la creación del Consejo Nacional del Trabajo y Salario, mismo que permitirá fortalecer el diálogo social y tripartito, organismo consultivo y técnico que permite en conjunto recoger criterios sobre salarios, es decir, diseñará políticas públicas en materia laboral.
Utilidades
Explicó que se determina con mayor claridad que la cadena de valor es “el proceso económico que inicia con la materia prima y llega hasta la distribución y comercialización del producto terminado”, aclarando que se entenderá que varias empresas serán consideradas como una sola, únicamente cuando éstas participen dentro de la misma “cadena de valor”.
Se busca erradicar la precarización laboral y se ha determinado que para que exista vinculación entre las empresas debe haber la participación directa entre una y otra empresa de al menos el 25% de capital, afirmó.
La legisladora indicó que la reforma promueve los derechos de los trabajadores, en el reparto de utilidades y se garantiza que los accionistas de una empresa puedan responder de manera proporcional y de manera equitativa de acuerdo con su participación y acción.
Unificación de los décimos
Betty Carrillo sostuvo que acogiendo los criterios de trabajadores, asambleístas y la parte empleadora, el pago de los décimo tercero y décimo cuarto sueldos será discrecional y para decisión de los trabajadores como de los servidores públicos, pudiendo recibirse mensualmente o de manera acumulada cuando se haga el pedido por escrito.
Se genera la posibilidad de pagar remuneraciones superiores a los montos establecidos por el Ministerio de Trabajo, en cuyo caso, dicho valor no será deducible de del impuesto a la renta.
El proyecto crea la figura de “despido ineficaz” que considera nulo el despido a trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación y a los dirigentes sindicales.
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