En la primera jornada de la sesión 321 del Pleno, en la cual intervinieron 10 actores sociales y nueve parlamentarios, la mayoría de bancadas reconoció la trascendencia del proyecto de ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, porque ubica al ser humano sobre el capital, garantiza el derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral, el acceso a la seguridad social de las amas de casa, la protección de las mujeres embarazadas y dirigentes sindicales para mantener sus plazas de trabajo y el pago de las pensiones jubilares, entre otros aspectos.
A las 13:30, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspendió el debate de este tema, que se reinstalará a partir de las 15:00.
En el debate, el asambleísta Bairon Valle, al destacar el contenido del proyecto que trabajó la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, dijo que el Estado será responsable subsidiario y garantizará el pago de pensiones al sistema de seguridad social. Recordó que el 51% de ecuatorianos está fuera de la seguridad social, lo cual merece especial preocupación, ya que es un derecho de todos los ecuatorianos.
Por su parte, la legisladora Cristina Reyes, subrayó que el proyecto no incluye la prestación de salud a las amas de casa y que la seguridad social se financiará con los aportes de los trabajadores privados. Añadió que el Estado debe dinero al Seguro Social, por lo cual no entiende cómo se financiarán las prestaciones que se ofrecerán a las amas de casa. Propuso que el proyecto se someta a votación nominal para que cada legislador asuma su pronunciamiento.
En cambio, el legislador Ángel Rivero, vicepresidente de la Comisión, precisó que el despido ineficaz para dirigentes sindicales y mujeres embarazadas consolida una lucha histórica de años por parte de estos sectores sociales. A la vez, recordó que aún se mantiene en ciertos empleadores el concepto que el capital prevalece sobre el ser humano, lo cual se rompe con esta normativa legal.
De su lado, el legislador Andrés Páez indicó que el proyecto no cumple con la Constitución, por ello, junto con la legisladora Cristina Reyes, presentó un informe de minoría. Hay una serie de compromisos de pago, en cuanto a la aportación del 40%, dijo, al sostener que el aporte del Estado servirá para que el fondo de pensiones se capitalice, para atender necesidades futuras.
El parlamentario Fausto Cayambe, vocal del organismo legislativo, aseguró que la estabilidad laboral ha sido una demanda histórica de la clase trabajadora del país y, a través del proyecto de ley se eliminan contratos que vulneran derechos, se tutela derechos de trabajadores con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y mujeres embarazadas para evitar su despido. Explicó que, a partir de la aplicación la Ley de Justicia Laboral, el Estado se convierte en garante de la seguridad y del pago de pensiones jubilares.
Paco Fierro propuso como alternativa congelar el pago de un mil 100 millones de dólares por concepto del 40% del aporte estatal hasta el 2017 y esperar los estudios actuariales para evaluar la sostenibilidad del sistema y revisar si requiere nuevo financiamiento. Dijo estar de acuerdo con la seguridad para las amas de casa y demandó se cumpla con las nóminas de trabajadores con discapacidad en lo público y privado.
Entre tanto, el asambleísta Àlex Guamán enfatizó que son necesarias acciones directas para beneficiar a los trabajadores del país y romper las brechas entre ricos y pobres. Se deben pagar las utilidades a los trabajadores, pues en la práctica los empleadores se valen de mecanismos como la doble contabilidad para evadir sus obligaciones.
Al cierre de la primera jornada, Lautaro Sáenz, al referirse a la creación del Consejo Nacional del Trabajo, precisó que esta entidad permitirá una relación entre los trabajadores y empleadores, fundamental para llegar a acuerdos en beneficio de los dos sectores. Explicó que, a través de la propuesta, se protege a la clase trabajadora y cumple con el mandato constitucional que pone al ser humano sobre el capital.
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