En la jornada vespertina del segundo debate del proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que contó con la presencia del Grupo de Mujeres por la Vida y organizaciones sociales del sur de Quito, los asambleístas, en su mayoría, manifestaron que las reformas apuntan a mejorar la calidad de vida y a fortalecer los derechos del trabajador ecuatoriano.
La primera vicepresidenta de legislatura, Rosana Alvarado, destacó que la norma permitirá la afiliación de más de un millón y medio de mujeres amas de casa a la seguridad social, al tiempo que precisó que aún existe más de la mitad de la población ecuatoriana que está fuera del sistema de seguridad social.
Resaltó que no se rebajará ni un solo centavo de las pensiones jubilares, porque la norma establece con toda claridad que el Estado será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del sistema de seguridad social cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del seguro general obligatorio y del régimen especial del seguro social campesino.
Así mismo, dijo que la propuesta establece que se deberá incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún por encima de otros gastos.
También se refirió a la eliminación de otras figuras contractuales como el contrato a plazo fijo; la regulación de los términos del período de prueba; la inclusión de otras formas de contratación, como el contrato por obra o servicio determinado, a fin de mejorar las condiciones laborales y progresar en derechos de trabajadores y lograr de manera significativa la reducción de la precarización laboral.
La asambleísta Kerlly Torres aseguró que la justicia laboral apunta a mejorar la calidad de vida y atender a los trabajadores ecuatorianos; también que la norma impide la evasión del pago de utilidades.
Enfatizó que el proyecto se preocupa de reducir las brechas remunerativas, al tiempo que resaltó que garantiza los derechos de las amas de casa, que a pesar de realizar un trabajo productivo han sido invisibilizadas.
Por su parte la asambleísta Cynthia Viteri, afirmó que el Estado tiene una gran deuda con la salud de jubilados y enfermedades catastróficas y advirtió que el gobierno no sabe cuánto va a durar el dinero del IESS y que al eliminar el 40% se menoscabaría el patrimonio del seguro social, violentando el artículo 372 de la Constitución.
Mientras tanto Soledad Buendía aclaró que la norma no aumenta la edad para la jubilación, ni baja monto de pensiones, más bien las garantiza el 100%.
César Umaginga consideró que la Ley es un tema absolutamente técnico e inconstitucional, específicamente por caso el aporte del 40% por parte del Estado para financiar las pensiones, pero que se mantiene el aporte del 60% para el ISSPOL y el ISSFA.
Rosa Elvira Muñoz comentó que los gobiernos neoliberales nunca reconocieron derechos a las mujeres indígenas, al afirmar que no se privatizará el seguro social campesino, sino todo lo contrario se fortalecerá.
Arcadio Bustos indicó que proyecto irrespeta artículos 328, 326 de la Constitución y otros, referidos a utilidades y derechos laborales.
La asambleísta Diana Peña reiteró que 1 millón 500 mil personas se dedican al trabajo exclusivo del hogar, al puntualizar que la figura del contrato indefinido acaba con la precarización laboral.
Para el asambleísta Patricio Donoso el proyecto es inconstitucional, argumentando que no se puede poner límites a las utilidades.
Eliminar aporte del 40% significará que en 12 años no habrá recursos para jubilación de jóvenes afiliados, señaló Magaly Orellana.
Paola Pabón expresó que hoy, 2 millones 800 mil personas están afiliadas a la seguridad social y el reto es la universalización, conforme la Constitución y precisó que el trabajo no remunerado de las amas de casa representa el 15% del PIB.
René Yandún preguntó qué se ha hecho con los ingresos del petróleo, de la recaudación tributaria, del IVA y de otros.
Richard Farfán resaltó la visión humanista del proyecto de Ley de Justicia Laboral e insistió en reconocer la seguridad social a quienes tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad.
Luis Fernando Torres indicó que el 2014 al IESS le faltaron 200 millones de dólares en fondo de pensiones y en el 2015 le faltarán 330 millones. Indicó que al dejar de aportar el Estado el 40% para las pensiones se destruye el sistema mixto de seguridad social.
En 12 horas de debate, en dos jornadas de trabajo, intervinieron 51 asambleístas.
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