La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Richard Calderón, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, con nueve votos y una abstención del asambleísta Henry Cucalón.
El proyecto busca fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo y su relación con cualquier otra que incida significativamente sobre el territorio; articular las competencias de ordenamiento territorial y planificación sectorial para el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio.
También tiene como objetivo garantizar los derechos a la ciudad, al hábitat y la vivienda, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad; promover un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno; y, racionalizar el crecimiento urbano de las ciudades para garantizar la seguridad alimentaria.
El cuerpo legal se encuentra dividido en cinco partes. Contempla las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo; normas orientadas a los procesos de ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados y del Gobierno Central; desarrolla el planeamiento del uso y la gestión de suelo como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales; el modelo institucional que delimita las competencias de los distintos niveles de gobierno; y se establece un conjunto de sanciones.
El presidente de la Comisión, Richard Calderón, señaló que uno de los principales avances de la Constitución y del Cootad es reconocer la interdependencia que existe entre campo y ciudad y, por tanto, su proceso de planificación debe estar integrado para conseguir verdaderos centros urbanos sustentables y un desarrollo que no perjudique el medio ambiente o la seguridad alimentaria.
Bajo esa concepción, es incuestionable que la Ley debe tender a un desarrollo del cantón en su conjunto y, aunque existen leyes sectoriales específicas como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Minería, la Ley de Patrimonio Cultural o la Ley de Desarrollo Agrario, el proyecto permite la coordinación con estos cuerpos normativos para que los suelos incursos en estas regulaciones incorporen una clasificación y usos compatibles con su naturaleza, agregó.
En torno al ordenamiento territorial, manifestó que se busca profundizar la vinculación entre la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial y para garantizar una adecuada articulación entre los distintos niveles de gobierno, se profundiza el contenido material de los planes de ordenamiento territorial respecto de los GAD, de modo que no exista duplicidad de acciones. En cuanto a los GAD municipales y metropolitanos, se incluyen otros contenidos para que sean tomados en cuenta por sus planes de ordenamiento territorial.
Además, con la finalidad de darle fuerza al tema de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo la ley contempla una serie de sanciones para reforzar los mecanismos implementados para la gestión del suelo.
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