La asambleísta Aminta Buenaño, al señalar que el informe de minoría que suscribió junto a Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz y Marisol Peñafiel, al cual se sumó Rocío Valarezo, tiene por objetivo reordenar todo el sistema nacional de cultura y desarrollar los preceptos constitucionales referidos a los derechos culturales que les asiste a todos los ecuatorianos, tras indicar que al momento existe un caos en las 64 instituciones del sector, por tanto, la ley debe delinear la conformación de una institucionalidad que permita la gestión de los diversos campos de la cultura, con una lógica ejecutiva, técnica y política.
Subrayó que la rectoría de todo el sistema nacional de cultura estará en manos del Ministerio del ramo, tal como señala el artículo 378 de la Constitución. Por tanto, se encargará de formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como elaborar y ejecutar el presupuesto, con criterios de descentralización política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos garantizados en la Carta Magna, esta ley y demás normas relacionadas. Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán sus competencias constitucionales y legales respecto a los derechos culturales, tomando en cuenta en sus territorios las políticas del Sistema Nacional de Cultura, añadió.
Se crea tres subsistemas: Intercultural de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural; de Gestión, Promoción Cultural y del Espacio Público; y, de las Artes, Expresiones e Industrias Culturales. Los subsistemas -con los correspondientes institutos- tienen el presupuesto necesario. Además, establece una institucionalidad mínima, porque consideran que la cultura y el arte deben desarrollarse, democratizarse y no burocratizarse, por lo que se da autonomía a la creación, dijo Aminta Buenaño, al sostener que en la ley se desarrollan los derechos y garantías culturales de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.
Precisó que en la normativa se respeta la autonomía administrativa y financiera de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”, actuando en el marco de los principios, políticas, normas y directrices impartidas por el Ministerio de Cultura, que tiene por objeto construir un espacio público dedicado a la difusión de las artes, las letras y la memoria social, con un acercamiento de lo local, regional a lo nacional.
Entre tanto, Mariángel Muñoz indicó que en el informe de mayoría existen algunas incongruencias con relación al texto constitucional, como por ejemplo en lo atinente al manejo de conceptos sobre interculturalidad, derechos colectivos y culturales.
Así mismo, advirtió que se observa una marcada diferencia de criterios en los dos informes en cuanto al objetivo de crear el registro nacional de artistas y gestores culturales; entre otros temas.
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