El asambleísta Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en el marco del segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior, resaltó que con la normativa se busca cambiar un sistema cuestionado por la calidad de la educación, sin innovación, falto de una rigurosa formación académica, que impulse la investigación y el desarrollo científico, para impulsar un país generador de valor y tecnología propia, que ofrezca carreras vinculadas a las necesidades del desarrollo nacional, que se articule estratégica y soberanamente al actual sistema mundial y propicie la transformación de la sociedad.Al señalar que la comisión ha mantenido un diálogo directo con las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores y que designó a tres delegados para que trabajen con los representantes del Sistema de Educación Superior, dijo que como fruto de ello, se ha logrado un amplio consenso, superior al 85% del texto de la Ley y que las observaciones y aportes de la Comisión Bipartita fueron aceptadas en su gran mayoría por la Mesa, lo que determinó que alrededor de cien artículos sean reconsiderados por la Comisión Permanente de Educación.
Sistema de Educación Superior científico y humanista
Sostuvo que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; que genere conocimiento, investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, articulado al sistema nacional de educación y al régimen de desarrollo.
Explicó que el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, debidamente evaluados y acreditados. Estas instituciones públicas o particulares no tendrán fines de lucro; se regirán por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas; estos organismos no podrán conformarse con representantes de las instituciones objeto de regulación o que tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas, añadió.
Agregó que el proyecto en concordancia con la Constitución dispone que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de las y los estudiantes.
Instituciones públicas con financiamiento del Estado
Añadió que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior y que la distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley, cuyas transferencias serán predecibles y automáticas.
Se integra a todas las instituciones de educación superior en un solo sistema. Se resuelve la histórica bicefalia administrativa, financiera y académica, que desde 1998 existía respecto a los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores.
Siete principios de orientación
Manifestó que se establece de manera clara y precisa la orientación normativa del Sistema de Educación Superior a través de siete principios constitucionales: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Por primera vez, a nivel constitucional y de esta ley, se norma una estrecha relación entre la educación superior y el desarrollo nacional.
Dos organismos para su regulación
Para la regulación del Sistema de Educación Superior la Constitución, indicó que se establecen dos organismos de carácter público; el primero, de planificación, regulación y coordinación interna y el segundo, de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas. Esta concepción marca una notable diferencia con los actuales organismos autónomos que regulan el sistema, al incorporar la tendencia internacional de la coordinación de estos órganos con el ente gubernamental responsable de la dirección de las políticas públicas en el campo de la educación superior, subrayó.
“No fabriquemos o busquemos falencias, como mecanismo de la negación por la negación. Seamos propositivos, innovadores de la Educación Superior. El Proyecto es perfectible, en vuestras manos está el reto, concluyó”.
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