Durante la jornada matutina de la sesión 46 del Pleno, los legisladores ahondaron en el análisis del proyecto de Ley de Educación Superior, que se tramita en segundo debate, particularmente en temas como la autonomía universitaria, el cogobierno, la integración del Consejo que regulará al sector, así como la necesidad de crear nuevas universidades estatales en las ocho provincias del país que no cuentan con ellas.Las diferentes bancadas expresaron sus puntos de vista, en defensa de la normativa, a la vez que formularon reparos a determinadas disposiciones que podrían entrar en contradicción con la norma suprema del Estado, por tanto, sugirieron que la Comisión de Educación acoja los planteamientos, revise los textos y proponga un documento de consenso.
A criterio de PAIS esta ley pretende romper con un sistema mercantilista, con afán de lucro, que por tres décadas ha propiciado la creación de centros de estudios, de carácter privado, sin la rigurosidad académica, ni la infraestructura necesaria que garanticen calidad de la enseñanza. Igualmente, se recuperará el concepto de lo público, como beneficio social, de allí que el Ejecutivo tiene la obligación de asumir la rectoría de la educación superior, porque a éste le corresponde dictar las políticas públicas básicas para el desarrollo.
En este contexto, estimaron que con esta normativa se recupera la verdadera autonomía, porque actualmente la universidad ecuatoriana es víctima de la esclavitud de la politiquería, del abuso, del mercantilismo, del lucro y del cacicazgo. Por ello, se busca que el pueblo recupere su derecho a demandar la rendición de cuentas de los estamentos universitarios.
Mientras, desde Sociedad Patriótica se alertó que en esta ley se discrimina a las universidades privadas, que no tendrán representación en ninguno de los órganos de control del sistema. También se sugirió que al igual que el impulso otorgado a la universidad militar, se respalde al Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Entre tanto, desde las filas del PRIAN se formuló un llamado para buscar un consenso en la aprobación de esta Ley por cuanto se trata de una decisión trascendental para el futuro del país. Por consiguiente, se debería cuidar que la ley no otorgue al gobierno facultades para controlar el pensamiento de la juventud ecuatoriana.
Los asambleístas amazónicos y de Galápagos defendieron la creación de universidades estatales en estas zonas, considerando que a pesar de la gratuidad de la educación, consagrada como derecho constitucional, el acceso a la educación universitaria se vuelve oneroso, toda vez que el traslado a los centros de estudio ubicados en otras localidades reviste un gasto que no se compadece con la realidad económica de los estudiantes.
El representante de Concertación Democrática señaló que la ley no debe confundir la autonomía de los centros de educación superior con la del sistema universitario, por ello, sería un contrasentido que la ley reconozca autonomía solamente a los establecimientos universitarios y, a la vez, deje la rectoría del sistema en manos del Ejecutivo.
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