Ante el pedido de la Comisión de Fiscalización, el Contralor General del Estado, Carlos Pólit, informó los resultados de la “declaratoria de emergencia de fiscalización” en ocho entidades de la administración central, nueve gobiernos autónomos descentralizados (Gads), uno del sector financiero, tres empresas públicas y cinco entidades autónomas de la provincia de Esmeraldas.
De acuerdo con el Contralor, las auditorías determinaron 351 responsabilidades administrativas: 308 multas y 43 destituciones, por un monto de 776 mil 898 dólares. También estableció 1.219 responsabilidades civiles, por 10 millones 914 mil 148 dólares, así como 103 indicios de responsabilidad penal por 27 millones 229 mil 995 dólares. El total de recursos examinados llegan a 662 millones 677 mil 903 mil dólares.
Después de escuchar una extensa explicación, los asambleístas expresaron su preocupación sobre los estados en los que se encuentran los procesos en las diferentes instancias estatales, luego de la generación de los resultados, sobre todo porque el Contralor reveló que, por ejemplo, miles de casos de sanciones civiles, por 455 millones de dólares a nivel nacional, se encuentran represados en varios tribunales contenciosos administrativos y que la recuperación por glosas se encuentran entre un 3 o 4 %.
Precisamente, según la exposición de Pólit, sobre las auditorías realizadas en Esmeraldas, la mayor cantidad de responsabilidades son civiles: en los Gads es del 64%, en la administración central es del 67% y en las entidades autónomas es del 87%
Por esta razón, a fin de hacer un seguimiento exhaustivo y precautelar los recursos de los ecuatorianos la Comisión de Fiscalización llamará a su recinto al Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, para que informe sobre estos detalles y complementar así la información emitida por la Contraloría. De hecho, en el 2014 esta comisión ya solicitó a la Fiscalía sobre el estado de situación de 1.326 oficios, con responsabilidad penal a nivel nacional, remitidos a esa institución. La entidad legislativa también inició otras investigaciones paralelas en Esmeraldas.
“Estos problemas dan cuenta de la necesidad de que las instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía y la Función de Transparencia y Control Social tengan un trabajo mancomunado en la lucha contra la corrupción. El objetivo es determinar qué ha sucedido con todos los casos”, enfatizó la presidenta de la Comisión, María José Carrión, mientras que Marisol Peñafiel sugirió la posibilidad de adecuar la normativa a las exigencias, entre ellas la Ley Orgánica de la Contraloría, para hacer más eficiente la lucha contra la corrupción, así como verificar la efectividad de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (Coip), como las audiencias orales.
El Contralor explicó que durante el examen realizado a varias instancias en Esmeraldas se determinaron “casos gravísimos” como la transferencia de recursos públicos a cuentas de servidores municipales, concejales, parientes de servidores públicos, a la hija de un alcalde, al padre de un concejal, a cuentas sin identificación, a terceras personas, a otros particulares, sin justificación y sin sustento legal. Aclaró que no puede revelar nombres porque se encuentran en procesos de indagación.
En lo central se ha encontrado inadecuado manejo y custodia de documentación, inadecuado manejo y custodia de bienes, incumplimiento en la ejecución de contratos, transferencias irregulares, inadecuados procesos de contratación, inadecuada recuperación de cartera, irregularidades en el otorgamiento de créditos, remuneraciones sin sustento legal, incumplimiento de normas y regulaciones, impuestos retenidos y no transferidos, retención de fondos de terceros no realizada, deficiente gestión en la atención médica, entre otras irregularidades.
Los períodos analizados en cada entidad son diferentes, pero se encuentran entre el 2009 y 2014, ahí se establecieron responsabilidades administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal y destituciones.
Los municipios de Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Quinindé, Muisne, San Lorenzo, y Río Verde; la Gobernación; el Consejo Provincial; la Autoridad Portuaria de Esmeraldas; la Universidad Técnica Luis Vargas Torres; la Federación Deportiva de Esmeraldas; la Corporación Eléctrica del Ecuador; el Banco Nacional de Fomento (Muisne); la Fiscalía de Esmeraldas; la Corporación Nacional de Electricidad; y, la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de San Mateo; las direcciones provinciales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de los ministerios del Medio Ambiente, Salud, Agricultura, fueron, entre otras, las entidades auditadas.
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