La titulación de tierras rurales en todas las ciudades del país es uno de los temas que más aplausos y sonrisas generó en la exposición que realizó Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, durante la socialización del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en Ambato. Al proceso de consulta prelegislativa acudieron representantes de alrededor de 200 organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos de Tungurahua.
Carvajal explicó que la titulación regula el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad de las tierras y territorios en posesión ancestral, así como los procedimientos y formas de resolver los conflictos. El propósito de la nueva norma, que se encuentra en proceso de construcción para segundo debate, es eliminar la concentración y distribución desigual de la tierra, la misma que debe tener una función social y ambiental, para garantizar la seguridad alimentaria, la producción y la productividad del país.
Precisamente, los temas sustantivos del proyecto tienen que ver con el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así como la participación social y la resolución de conflictos.
Carvajal explicó que los territorios que serán afectados por no cumplir la función social y ambiental son aquellos que tengan más de 25 hectáreas en la Sierra, más de 75 en la Costa y más de 100 en la Amazonía, cuyo cálculo se realizó según las condiciones y variables de producción en cada región. El proyecto propone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe prestar todas las condiciones necesarias para producir. Por su parte, los sectores que poseen bosques o páramos tampoco serán expropiados porque están cumpliendo una función, aclaró el legislador. Este planteamiento no recibió ningún reparo por parte de los asistentes.
Otro de los temas que causó satisfacción en los dirigentes fue el relacionado con el límite que se establece para la producción en los páramos. La normativa propuesta prohíbe que se cultive en territorios entre 3.400 y 3.700 metros sobre el nivel del mar, al norte sobre el paralelo 3 latitud sur y sobre 2.800 al sur. Sin embargo, los cultivos que se encuentran produciendo sobre esta altura continuarán, pero sus propietarios deben llegar a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para que tengan un plan de manejo y evitar la presión en los páramos.
Sobre la propuesta de conservación de los páramos en las partes más altas José Caizapán, dirigente de Pucará Grande, expresó su acuerdo y dijo que su comunidad ya realiza esta práctica, en vista de que el agua es el sustento para sus plantaciones, animales y los habitantes, no solo de su sector, sino de otras comunas y ciudades. En cambio, Aurelio Punín mencionó que toda su comunidad, Pilahuín, vive sobre los 4.200 metros y su planteamiento se basó en solicitar que la frontera agrícola la definan los propios habitantes. Las observaciones fueron recogidas por la Comisión para su análisis.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Legislativa informó que los extranjeros tendrán límites para comprar tierras, porque lse busca garantizar la soberanía alimentaria. Ellos podrán comprar hasta 10 unidades productivas familiares. Se calcula que cada unidad generaría unos 700 dólares mensuales. Las empresas extrajeras podrán adquirir el doble, con una autorización especial.
Será la Autoridad Agraria Nacional la encargada de dirigir y ejecutar la política agraria, de adjudicación, redistribución, uso y acceso equitativo de las tierras rurales, así como el control del cumplimiento de la función social y ambiental, según plantea la normativa legal. La tierra cumple una función social cuando se encuentre aprovechada de manera continua, eficiente, eficaz y sostenible; genere trabajo familiar o empleo; no constituya un latifundio, ni exista concentración de tierra; aproveche las obras de riego, drenaje y otras; y, mantenga al menos los promedios de producción y productividad de la zona.
En cambio, la función ambiental se la cumple cuando se empleen prácticas productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales renovables, biodiversidad, ecosistemas y patrimonio genético; respete los derechos de la naturaleza; promueva la forestación o reforestación; y, observe los criterios de manejo de recursos naturales y de zonificación para el uso del suelo.
Durante el debate, Cayetano Barrera, de la población de Guatú, solicitó que los planteamientos realizados por la Comisión de Soberanía Alimentaria se hagan realidad, ya que el sector rural ha sido uno de los más abandonados, mientras que la mayoría de intervenciones se basó en reclamos sobre el cobro de impuestos municipales.
En la socialización, además de los miembros de la Comisión Legislativa, se hicieron presentes Fabián Valencia, director provincial del Ministerio de Agricultura; Óscar Cerda, delegado provincial de la Subsecretaría de Tierras; y, Santiago Villafuerte, del Consejo Nacional Electoral. Este proceso se continuará realizando en otras provincias del país, hasta el 3 de julio.
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