La necesidad de incluir a todas las propuestas posibles, desde los diferentes sectores involucrados, impulsó al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, para motivar a que se amplié el diálogo a fin de construir y perfeccionar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip). El cuerpo legal constaba como segundo punto del orden del día de la sesión 338 del Pleno.
De esta manera, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abre un diálogo no solo desde la Asamblea, sino también con otros actores sociales, el mismo que, según Andino, será “amplio y sincero”. Explicó que ese debate no debe iniciarse hoy y terminar esta tarde, sino que se debe ampliarse con los representantes de comerciantes minoristas, autores y artistas, entre otros sectores. El propósito es aclarar textos o corregir errores que podrían entorpecer la correcta aplicación del Coip, añadió.
Además de recoger los criterios de los ciudadanos, la comisión también socializará el proyecto para, sobre todo, aclarar que el cuerpo legal no busca perseguir a los pequeños minoristas informales, sino a grandes conglomerados que realizan fuertes inversiones de capitales que atenten contra el derecho de la propiedad intelectual.
Para la elaboración del informe para segundo debate, la Comisión de Justicia recibió las opiniones de los legisladores, organizaciones sociales, de gremios, de organismos del Estado y otros entes. Con esos insumos, y basados en la reforma presentado por el Ejecutivo, consideró que sobre la tipificación de la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor debe suprimirse la pena privativa de libertad por una multa, según la proporción de la mercadería incautada.
Precisamente este artículo ha incitado de entrada el debate entre los legisladores. Según Andino algunos de ellos consideran que el monto debería incrementarse. Por el momento, según el texto la persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta una marca idéntica a la válidamente registrada por un valor que vaya entre 142 y 424 salarios básicos unificados (sbu) será sancionada con una multa entre 55 y 85 sbu del trabajador en general.
En cambio, cuando el valor de la mercadería decomisada sea mayor a 424 y menor a 847 sbu se aplicará la multa de 86 a 175 sbu. Por su parte, cuando el valor de los artículos confiscados supere los 847 sbu. La sanción será de 176 a 295 sbu.
En ese mismo artículo se plantea que no será delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas que tengan una marca con características propias que no conlleven a una confusión con la marca original. Andino también destacó las reformas planteadas en el artículo 19, en el cual se eliminan los dos últimos párrafos del texto para que la clasificación de las infracciones sea únicamente la clásica, es decir, entre delitos y contravenciones.
Entre los argumentos para la aplicación de estas reformas el Ejecutivo aclara que el Ecuador debe sujetarse a los mandatos de los acuerdos internacionales, como el suscrito con la Organización Mundial del Comercio.
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