La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio recibió a los representantes de los centros comerciales populares de Quito, quienes dieron a conocer las razones por las que presentan un proyecto de transitoria al artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que hace referencia a la autorización de venta.
La concejala y presidenta de la Comisión de Comercialización del Municipio de Quito, Soledad Benítez, quien acompañó a los comerciantes, explicó que presentan dicho proyecto en vista de que tras 12 años de espera no ha culminado el proceso de calificación, adjudicación y venta de los locales de los centros comerciales populares, situación que afecta al 40 por ciento de comerciantes, es decir, un promedio de 2500 comerciantes se encuentran en esta situación.
Soledad Benítez manifestó que el artículo 436 del COOTAD plantea que los bienes públicos para uso privado deben ser vendidos al avalúo catastral actual, lo que genera la violación de derechos de los comerciantes, ya que esto obliga a pagar dos veces los valores cancelados hace 12 años y de los cuales existe respaldo y las actas de compra venta.
Por su parte, Marlene Mañai, presidenta del Centro Comercial “Hermano Miguel”, en representación de los Centros Comerciales del Ahorro, manifestó que apoyan el proyecto, en vista de que ya cancelaron los valores pendientes y cuentan con los documentos de compra venta. Adicionalmente, dijo que la ley es para el futuro y por ello se requiere la variación de la norma.
Asimismo, la concejala Benítez mencionó que se presentó una resolución que define el marco jurídico para el procedimiento de calificación, adjudicación y venta, para culminar este proceso. Sin embargo, el Procurador del Municipio presentó una negativa al respecto, citando el artículo 436 del COOTAD, por lo que acuden a la Asamblea Nacional para buscar una alternativa viable al no contar con la voluntad política del Municipio.
El presidente de la Comisión No. 8, Richard Calderón, manifestó que existe voluntad de las partes, hay varias maneras de resolver el inconveniente y como elemento adicional manifestó que el artículo 377 de COOTAD puede ser una alternativa.
El asambleísta Calderón manifestó que se realizará una valoración de todos los elementos presentados y del fallo del Procurador del Municipio, para que en el caso de que no sea factible una reforma a la norma, la comisión se pronuncie, en vista de que hay afectación de derechos y falta de reconocimiento a un pago realizado.
Finalmente, los comisionados reiteraron la voluntad política de acompañar a los comerciantes en la lucha que llevan ante el Gobierno Municipal, en vista de que el problema se origina porque en 12 años la municipalidad no concluyó la compra venta debidamente legalizada.
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