La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, recibió a Víctor Ruíz, presidente del barrio Flor de Oriente, del cantón Francisco de Orellana, para escuchar la problemática de legalización de predios, que no ha sido solucionada desde hace 25 años y que podría dejar sin hogar a más de 1500 familias.
Patricio Sánchez, ex presidente del barrio, explicó que se expropió una propiedad privada para declarar en utilidad pública, con el objetivo de construir viviendas. Sin embargo, en marzo de 2015 se revocó dicha declaratoria y el Municipio de Orellana dejó sin efecto las escrituras públicas emitidas con anterioridad.
Los representantes del barrio mostraron las condiciones en que vive la población de Flor de Oriente, quienes actualmente, y con gran esfuerzo, han construido un coliseo, casa comunal, unidad educativa, Unidad de Policía Comunitaria (UPC), iglesia, dispensario médico, espacios para construir un parque y un estadio, además de las viviendas, lo que demuestra que ser expropiados perjudicaría a estas familias.
Asimismo, explicaron que anteriormente fue considerado un barrio urbano, pero actualmente están excluidos y sin obras y al darse cumplimiento a la sentencia y ser expropiados podrían quedarse sin un lugar donde vivir.
Por su parte, la asambleísta Magali Orellana, representante de la provincia, informó que los dirigentes barriales enviaron a la municipalidad un documento amparándose en el artículo 596 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que se refiere a la expropiación especial para regularización de asentamientos urbanos, con el fin de legalizar los predios; no obstante, en lugar de aplicar la norma que le faculta la ley, la municipalidad recomendó a cada familia seguir el juicio correspondiente.
Al respecto, el asambleísta Richard Calderón, presidente de la comisión, señaló que para evitar ese largo trámite, precisamente existe el COOTAD, que es el camino legal más apropiado, considerando las condiciones socioeconómicas del barrio.
Por ello, reiteró que a pesar de que la declaratoria de utilidad pública fue revocada, el Municipio de Orellana puede nuevamente hacer la declaratoria sustentando su decisión en que en ese espacio habitan 1500 familias, a la vez que recalcó que de existir voluntad política se puede aplicar el nuevo artículo 596, que la Asamblea Nacional modificó en el 2014 para facilitar la regularización de miles de familias ecuatorianas que se encuentran en la misma situación.
Finalmente, los comisionados se comprometieron a tener un acercamiento con la municipalidad, con el objetivo de establecer el criterio de la comisión y explicar los alcances del artículo, para que sin temor, la autoridad cantonal pueda finiquitar este tema de legalidad que tiene en angustia a estas familias por más de 25 años.
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