Varios actores sociales acudieron a la Comisión de Educación para exponer sus criterios y recomendaciones sobre el proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios).
En este sentido, Josefina Sigüencia, representante de la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador (RedCedia), acudió para promover el acceso abierto al conocimiento. Propusieron que todo resultado de investigación científica y producción académica, generados en entidades públicas, con recursos públicos o en entidades privadas que manejen fondos del Estado, debe estar disponible para búsqueda y difusión en acceso abierto, a través de repositorios institucionales.
Este planteamiento fue acogido por los asambleístas como Noralma Zambrano. Ella mencionó que es interesante esta iniciativa para que no haya limitación en el acceso al conocimiento. Esto estaría en concordancia, pues en el país se otorgan las facilidades para que se desarrolle la investigación. Mientras Ricardo Moncayo solicitó a Cedia que preparen un artículo en este sentido.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión, Raúl Abad, enfatizó que con estos planteamientos dejan entrever que la Ley de Educación Superior aprobada por esta Asamblea está dando sus frutos. La creación de estos repositorios nos da a entender que las universidades están desarrollando investigación, dijo. Al tiempo que Lilia Quituisaca Samaniego, también de Cedia, explicó que la investigación da a conocer la realidad del país y que con eso se puede generar política pública.
A la comisión también asistió Alfredo Corral, de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce). Él basó su observación en considerar que el código está enfocado fundamentalmente en el ámbito de la tecnología y las patentes, por lo tanto no favorece a los autores y compositores. Así, propuso que, más bien, la Asamblea trabaje en un proyecto de ley sobre los derechos de los autores y compositores, basándose en los principios del Código. Queremos vivir de nuestro trabajo, dijo.
Por su parte, Luis Enríquez, del colectivo artistas independientes Dogma, sostuvo que el Código es incluyente y lo que se debe hacer es dialogar con todos los sectores para ajustarlo de acuerdo con las necesidades y juntar las situaciones que tienen en común. Sayce está por un buen camino, se debe darle más insumos para que se perfeccione, fundamentalmente, en el proceso de control de repertorio y que haya un adecuado mecanismo de monitoreo, a través del artículo 245, expresó.
Sobre este tema, Abad manifestó que el Código Ingenios condensa a muchas leyes. Además no solo se busca construir una norma legal, sino que se convierta en una política de Estado. Pretendemos que beneficie a todos, sostuvo.
Por su parte, Esteban Argudo, de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos del Ecuador (Sarime), solicitó que se reforme el artículo 212 del Código, que establece que la duración de la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes será de 50 años. Consideran que los artistas que superen este tiempo quedarían desprotegidos de sus derechos, consagrados en el artículo 22 de la Constitución. Venimos a pedirles que se haga un reconocimiento legal a nuestro trabajo, añadió el artista Eduardo Miño Naranjo.
Ante este planteamiento, Abad explicó que este código es perfectible y que la entidad está recibiendo a todos los actores posibles para seguirlo debatiendo. Tengan la seguridad de que no los vamos a desamparar, afirmó. A su vez, el asambleísta Gastón Gagliardo saludó el trabajo de los artistas ecuatorianos y también resaltó que la iniciativa legal no está escrita sobre piedra y que, por tanto, podrían ser sensibles a los pedidos.
Por su parte, el presidente de Elastix, Édgar Landívar, se refirió a la necesidad de apoyar el acceso al software libre, pero enfatizó en que el proyecto deja un vacío relacionado con el hadware libre. En este sentido, propuso que se tome en cuenta a esta plataforma digital, porque el objetivo es que el país se convierta en productor de alta tecnología. El Software no nos proporciona todas las herramientas necesarias para eso, afirmó.
El Colectivo Usuarios Digitales, representado por Alfredo Velazco, pidió que en los artículos 36 y 37, que determina que el Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) y la conexión a internet como un servicio básico, se puntualice que no se vigilará el contenido de las telecomunicaciones ni almacenamiento de la metadata.
En el mismo artículo 37, referente a que las universidades y escuelas politécnicas deben disponer de conexión a internet inalámbrico, Velazco propuso que se especifique que será libre, gratuito y normal.
Por último, Esteban Punte, director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, propuso que se norme el tema de gestión de recursos para los institutos, que debe ser diferente a los de las instituciones. No se les debe dar el mismo trato, porque los institutos manejamos investigación y eso demanda de otras necesidades, explicó.
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