El 94% de los participaciones que se pronunciaron sobre los tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales expresó su acuerdo con las iniciativas. Ellos se manifestaron en las audiencias provinciales que realizó la Comisión de Soberanía Alimentaria en 23 provincias del país.
En estos desplazamientos, la Comisión 7 dialogó con 490 organizaciones de campesinos de primer grado, así como con cerca de siete mil representantes de agrupaciones de segundo grado. Estos últimos participaron en el marco de la segunda fase de la consulta prelegislativa. Queda como tercer paso la organización de una mesa de diálogo nacional, con organizaciones de tercer grado. Con esos insumos, el ente legislativo preparará el informe para segundo debate del cuerpo legal.
El tema relacionado con la participación social y resolución de conflictos fue el que más coincidencias generó. Se encuentra condensado en tres artículos. Uno de ellos, que establece que el fin de la ley es garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y posesión legal de la tierra rural, territorios, comunas, pueblos y nacionalidades ancestrales, obtuvo más del 98% de adhesión de los ciudadanos.
El otro artículo, que aborda la resolución de conflictos, relativos a los derechos de posesión, uso, usufructo de tierras y territorios comunitarios, que serán resueltos de acuerdo con sus prácticas y costumbres, también recibió más del 95% de aceptación. En ese mismo apartado el proyecto determina que los conflictos entre comunas, relativos al reconocimiento y legalización de tierras, podrán ser resueltos mediante acuerdo directo entre las partes. En caso de no lograrlo, se lo hará por la vía judicial, dice el texto.
En esta misma materia, el último artículo, que se refiere a la conformación del Consejo Consultivo para la observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas sobre el acceso equitativo a la tierra pública y titulación de tierras y territorios ancestrales, llegó a un acuerdo del 88% de las organizaciones. Esta iniciativa establece que ese ente estará integrado con representantes de las organizaciones del Estado y de la sociedad civil, mediante un proceso de selección y designación.
Como se recuerda, y según entregas de comunicados anteriores, los otros dos temas sustantivos de la consulta también recibieron acuerdos mayoritarios. El uno referente al reconocimiento y legalización de la posesión ancestral y el otro al reconocimiento del uso y usufructo de tierras en territorios ancestrales.
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