El asambleísta Fausto Cayambe, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), recibió a representantes de varias comunidades de Sucumbíos y Orellana. El legislador escuchó las peticiones que realizaron los pobladores, quienes expresaron su deseo de contar con escrituras individuales, para acceder a créditos para vivienda y producción. Además, tenemos problemas de convivencia, expresaron.
Ante este pedido, Fausto Cayambe se comprometió a impulsar una reunión de alto nivel con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones involucradas, para elaborar una hoja de ruta que permita solventar el problema de convivencia de las comunidades.
Mientras tanto, en cuanto a la individualización de escrituras en tierras comunales el asambleísta aclaró que los artículos 55 y 57 de la Constitución establecen que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio deben conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Sin embargo, acotó que en dicha reunión también abordarán el tema.
Así mismo, mencionó que se compromete a que la Asamblea Nacional, en especial, a través de la Comisión de Derechos Colectivos, medie en relación a esta problemática, para lo cual enviará una carta en este sentido a la presidenta de este ente, Zobeida Gudiño.
En el encuentro, Juan Grefa, de la comunidad del Río Tiputini, de Orellana, manifestó que el gobierno ha impulsado importantes proyectos en el sector, pero que por su condición de comunidad, es decir, de no poseer escrituras individuales, no pueden beneficiarse de ellos. En esas localidades, por ejemplo, no se pueden construir escuelas del milenio, ni centros de salud, porque las autoridades respectivas solicitan escrituras, explicó.
Queremos trabajar individualmente, progresar, cambiar de vida, para poder educar a nuestros hijos, dijo, por su parte, Matías Siricuy, de la asociación kichwa Playa de Oro, mientras que Daniel Chicuango, de la parroquia San Pedro, de Orellana, mencionó que por luchar por esos derechos han sufrido abusos y amenazas, que incluso han tenido que abandonar sus poblaciones.
En cambio, María Fernanda Hinojosa , de la Fundación Migrante, pidió que la Asamblea también medie en el problema que tienen las comunidades con la franja roja, que, según explicó, es una delimitación impuesta por el Ministerio de Agricultura en sectores que no pueden ser trabajados, por conflictos que puedan existir con pueblos no contactados. El asambleísta Cayambe se compremetió a solicitar la información al respecto.
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