En el seno de la Comisión de Desarrollo Económico, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, indicó que es ilegal e inconstitucional la pretensión del prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, de vender acciones de las empresas eléctricas Centro Sur y Elecaustro, tomando en cuenta que las acciones de estas empresas no son de libre disponibilidad, por ello, sostuvo que no es posible su privatización.
Recordó que la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica determinan los aspectos normativos que rigen el proceso de venta de acciones, además establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.
El prefecto Carrasco no entiende que está administrando fondos públicos y querer privatizar las empresas eléctricas constituye una clara infracción a la Constitución y a la ley, ya que la Ley Eléctrica determina con claridad el destino y procedimiento para la adquisición y venta de las acciones que mantengan los gobiernos autónomos descentralizados dentro de las empresas del sector eléctrico.
A través de la Casa de la Asamblea Nacional del Azuay, los parlamentarios escucharon a Antonio Borrero representante de la empresa Elecaustro quien resaltó el trabajo que hace el Ministerio de Electricidad a través de las empresas eléctricas en general. Dijo que la empresa ha sido administrada de manera eficiente lo cual ha permitido su solvencia. El gobierno provincial del Azuay tiene el 18% de las acciones, es decir, 22 millones de dólares
De su lado, Francisco Carrasco, de la empresa Centro Sur precisó que los 27 millones 700 mil dólares que tiene el gobierno provincial del Azuay en acciones han sido fondos provenientes de los centros de distribución. Al momento realizan trabajos con normalidad que les ha permitido tener utilidad operativa.
Entre tanto, la asambleísta Mariangel Muñoz, representante de la provincia del Azuay, señaló que las acciones del prefecto son ilegales y desde la Comisión de Desarrollo se debe vigilar que se cumplan las leyes.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli dijo estar sorprendido y no entender la pretensión de rematar las acciones de las empresas eléctricas del Azuay. La ley Eléctrica no dispone esta acción, aclaró.
La legisladora Soledad Buendía, al rechazar esta propuesta, advirtió que se podría configura posibles delitos, por tanto, en primera instancia la Contraloría deberá actuar de manera inmediata y posteriormente la Fiscalía.
La parlamentaria alertó a la población y a los empresarios para que se inhiban de participar en estos actos ilegales, ya que el prefecto del Azuay no tiene competencia para rematar las acciones que tiene Centro Sur y Elecaustro.
Finalmente, el legislador Esteban Melo manifestó que estas acciones del prefecto Carrasco afectan a los azuayos y al pueblo ecuatoriano y se podría hablar de posible peculado.
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