El Pleno de la Asamblea, con el voto de 85 asambleístas, aprobó la enmienda al Art. XXI de la sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna, flora y vida silvestre, por considerar que constituye un mecanismo idóneo y constitucionalmente viable para lograr una adecuada protección de las especies que están amenazadas, que deberá ser complementada con expresas políticas en las diferentes áreas de la administración pública referentes a la gestión ambiental.Con base en el informe presentado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, los asambleístas dieron paso a esta enmienda, en el marco del nuevo marco constitucional, que impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biósfera, así como la integración política, cultural y económica de la Región Andina, de América del Sur y Latinoamérica.
El titular de la Comisión de Soberanía, Fernando Bustamante destacó la importancia de este instrumento internacional, no solo para el objetivo de erradicar la comercialización de especies de flora y fauna silvestres, como medida de protección de los ecosistemas en nuestros países, sino como medio para afianzar los procesos integracionistas con la visión sur-sur y como un llamado de atención a la comunidad internacional para que adopten medidas en defensa de los derechos de la naturaleza.
Mercado ilegal millonario
Previamente, la Legislatura recibió en comisión general al Biólogo Juan Manuel Guayasamín, quien alertó sobre la existencia de un millonario mercado externo ilegal de compra y venta de plantas y animales, problema que afecta al Ecuador en su calidad de país megadiverso.
Entre los grupos más afectados están varias especies de árboles, orquídeas y especies de anfibios que son comercializados sin ninguna clase de límite o control. A este problema, se suma el tráfico ilegal interno, a través del cual se comercializa carne de especies silvestres como pécari, guanta, pava, tiburones, o se comercia con aves, pericos y guacamayos.
Como parte de la solución, el experto planteó la aplicación de una legislación clara, de mecanismos de control y sanción eficientes y, la investigación que determine a las especies amenazadas, labor que debería ser coordinada con los organismos de control y los investigadores.
El criterio de los asambleístas de las diferentes tendencias políticas coincidió en la urgente necesidad de establecer una normativa tendente a controlar toda clase de acciones que atenten contra la integridad de la biodiversidad ecuatoriana, especialmente de las especies amenazadas.
Excepción ambiental en Sucumbíos
Por iniciativa del asambleísta Gido Vargas, con 48 votos, de 82 presentes, la Asamblea exhortó al presidente de la República, Rafael Correa, declare el estado de excepción ambiental en la provincia de Sucumbíos, debido a la dramática situación que la contaminación carburífera ha provocado en la zona, especialmente, por la afectación causada a las aguas de consumo humano.
La moción fue apoyada por los miembros de la Comisión de Biodiversidad y Recursos naturales, instancia legislativa que ha analizado el tema a profundidad, debido a la gravedad que reviste.
Entre tanto, los asambleístas de las provincias amazónicas coincidieron en que el voto a favor del planteamiento contribuiría a salvar vidas, pues se trata de una herencia nefasta legada por la explotación petrolera anti técnica de las transnacionales que han operado en la zona.
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