La asambleísta María Cristina Kronfle presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, a través del cual propone que la comisión de servicios sin remuneración sea extendida previo requerimiento del servidor o servidora cuando tenga una discapacidad desde el 30% o bajo su cuidado o protección a una persona con discapacidad, sin distinción de edad, ni porcentaje y tipo.
Así mismo, plantea que entre los casos de cesación definitiva, conste la compra de renuncias con indemnización, excepto a servidoras y servidores públicos con discapacidad, cuando aquellas renuncias signifiquen un detrimento de los derechos de las personas con discapacidad o exprese su no voluntad de renunciar.
Argumentó que al proceder con una compra de renuncia a las personas con discapacidad se le quita su autonomía, pues deben depender de alguna futura contratación ya que de por sí es complejo conseguir un trabajo y en el peor de los casos, estar a cargo nuevamente de sus familias, volviéndose una carga en lugar de un alivio.
Aseveró que como está diseñada la ley se afecta otros derechos correlacionados, como el de la salud, seguridad social, acceder a una vivienda digna y justa y por supuesto a la jubilación, por lo que es imperioso y necesario reformar la normativa y adaptarla a la realidad social de las personas con discapacidad.
Con relación a la comisión de servicios sin remuneración de servidoras y servidores públicos, manifestó que se debe reconocer como una acción afirmativa y respondiendo al principio de progresividad de los derechos, que cuando dichos servidores tengan una discapacidad o bajo su cuidado o protección a una persona con discapacidad, sin distinción de porcentaje o tipo, puedan acogerse a una excepción de la norma.
La asambleísta Kronfle aduce que en muchos casos, el ambiente en el que se desenvuelve ha implementado elementos de naturaleza adaptiva que faciliten su interacción social, educativa, salud y su participación en aquellas esferas de la vida cotidiana que le garanticen calidad de vida.
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