La asambleísta Marisol Peñafiel destacó la importancia de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) aprobada por la Asamblea Nacional, que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación y las condiciones salariales del personal docente.
Las principales reformas se refieren a la nueva clasificación del escalafón docente en siete categorías; el reconocimiento de la carrera educativa al personal docente con nombramiento que labore en establecimientos fiscales o fiscomisionales en cualquiera de sus funciones, modalidades o niveles.
Otra reforma, continuó, prevé que para ingresar a la carrera educativa pública deberán contar con un título de cuarto nivel en ciencias de la educación y quienes no las posean deberán obtenerla en un plazo máximo de tres años y quienes tengan título de técnico o tecnólogo deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente.
Sobre la jornada laboral del docente, dijo, cumplirán seis horas en la institución educativa de manera obligatoria y dos horas de investigación, capacitación, preparación que pueden hacerlo dentro o fuera de la institución, pero si la unidad educativa lo requiere podrán cumplir las 8 horas previa aprobación del Nivel Zonal Intercultural Bilingüe correspondiente.
Explicó que a través de una disposición general se determina que la Autoridad Educativa Nacional garantizará que las instituciones educativas privadas cancelen a su personal docente un sueldo no menor al salario mínimo legal y los beneficios de ley que les corresponda.
Una disposición transitoria reformada clarifica que los bachilleres que se encuentren en la carrera docente pública deberán obtener un título de tercer nivel o del nivel técnico tecnológico en Ciencias de la Educación hasta el 31 de diciembre de 2020 y con ello su nombramiento definitivo en la categoría G, norma que se aplicará a la lista de elegibles, añadió.
Por último, la asambleísta Marisol Peñafiel aseguró que para la aprobación de esta ley el Grupo Parlamentario por la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes presentó varios aportes para que quienes no posean formación especializada en pedagogía sean capacitados obligatoria y gratuitamente por el Estado.
