El titular de la Comisión de Justicia, asambleísta Mauro Andino, manifestó que a la Presidenta de la Asamblea Nacional y al Procurador del Estado les compete presentar la demanda contra los exdiputados que votaron por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales, en el año 2004, a fin de recuperar los dineros que el Estado pagó como indemnización a los afectados, en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A través de esta demanda se ejercerá el derecho de repetición en contra de los responsables del acto, tal cual dispone el artículo 11, numeral 9, de la Constitución, dijo, tras opinar que dichas resoluciones de destitución, adoptadas por el viejo Congreso, fueron ilegales, arbitrarias y abusivas. Es fundamental que el Estado recupere 12 millones de un total de 15 millones de dólares que tiene que cancelar por indemnización a magistrados y jueces, agregó.
Mencionó que la sentencia de la Corte Interamericana condenó al Estado ecuatoriano a indemnizar con la cantidad de dos millones 222 mil 822 dólares con 29 centavos, a favor de los exjueces del Tribunal de Garantías, mientras a los exministros de la Corte Suprema, ordenó pagar 12 millones 353 mil 709 dólares con 39 centavos, de los cuales se ha cancelado más de 8 millones y el saldo se tiene que desembolsar en abril de 2016.
Insistió que la comisión ha requerido a la Secretaría General de la Asamblea las actas, videos, las convocatorias a las sesiones extraordinarias que formuló el exmandatario Lucio Gutiérrez, para determinar quiénes son los que aprobaron esas dos resoluciones, es decir, clarificar sus identidades. Así, la justicia establecerá el valor que le toca pagar a cada uno de los exdiputados, sin perjuicio de que, incluso, la deuda se pueda extender a los hijos, familia y herederos.
Mauro Andino sostuvo que Lucio Gutiérrez de manera inconstitucional e ilegal, prácticamente, convocó a Congreso Extraordinario que sirvió para cesar en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal de Garantías, luego procedió a designar a nuevos ministros y, paralelamente, dejó sin efecto la conformación de la famosa “Pichi Corte”. Todo esto el pueblo ecuatoriano no debe olvidar, por el contrario, hay que recuperar esa memoria de lo que ocurrió en diciembre del año 2004, expresó.
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