La asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, anunció que el organismo implementará un proceso de seguimiento al cumplimiento del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene más de un año de vigencia.
Creemos que es menester hacer una audiencia pública con diferentes organismos e instituciones que están a cargo, precisamente, de poner en ejecución y aplicación efectiva el Código Penal, dijo, al indicar que se convocará para el 9 de septiembre al Presidente del Consejo de la Judicatura, al Fiscal General del Estado, Ministra de Justicia y al Defensor Público.
Sostuvo que la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar las leyes que requiere el país, en armonía con la Constitución y tratados internacionales, pero importante también es monitorear su aplicación. Entonces, queremos ver si realmente la norma se está aplicando tal cual fue el objetivo con el que se promovió o creó, es decir, si existen grados de aplicación efectiva o existen algunos temas que están pendientes, agregó.
Queremos, continuó, hacer una fiscalización absolutamente seria y transparente para que la ciudadanía tenga conocimiento que nosotros, como órgano legislativo, estamos llevando adelante una responsabilidad política de seguimiento a la aplicación de las leyes que son aprobadas en la Asamblea.
Gestión de la comisión y temas pendientes
Destacó que la Comisión de Justicia allanó el camino para el trámite y aprobación de la reforma al Código Penal relativa a la tipificación de la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos de autor, que, además, incluyó sanción para las personas que causan accidentes de tránsito en estado etílico.
Expresó que igualmente se trabaja en una reforma puntual al Código Civil para que se considere a los animales como sujetos de derechos y no simple cosas, al igual que lo que tiene la naturaleza por mandato constitucional.
Derecho de repetición
Por último, manifestó que la Comisión de Justicia tiene la responsabilidad de presentar un informe con la lista de los presuntos responsables de la destitución de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, ocurrido en el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien convocó a una sesión extraordinaria que dio lugar a un hecho nefasto dentro de la historia política del país.
Esta situación provocó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligo al Estado ecuatoriano a pagar alrededor de 15 millones por indemnización a los afectados, subrayó.
En este contexto, la presidenta Gabriela Rivadeneira, con el pronunciamiento del Pleno, podrá hacer efectivo el derecho de repetición a través de una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso, para que los diputados que apoyaron dichas destituciones paguen lo que el Estado ya desembolsó, concluyó.
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