Con el propósito de regular las tareas de las y los administradores públicos, el asambleísta Miguel Ángel Moreta, de Santo Domingo de los Tsáchilas, presentó el proyecto de Ley para el Ejercicio Profesional de este sector. La propuesta se presentó para conocimiento de las y los asambleístas.
A través de este cuerpo legal se busca definir su función, su campo de acción, su reconocimiento oficial y su defensa profesional. Así mismo, establece la planificación, organización, dirección y control de estos especialistas.
El asambleísta argumenta que uno de los puntales para tener un adecuado manejo del sector público es la Administración Pública y que el Ecuador desde los años 50 ha dado los primeros pasos para la formación académica y profesional de este sector. En tal razón, explica que el proyecto de ley busca identificar a las y los administradores públicos, preparados por el sistema de Educación Superior y que en la actualidad no han sido identificados como clase profesional, para dotarles de un marco legal que les permita accionar la importancia que tiene esta profesión en este tiempo.
De acuerdo con la iniciativa de Moreta el ejercicio profesional de las y los administradores públicos se ajusta al conocimiento de la gestión del Estado, en los ámbitos parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional. En estas esferas planifican, direccionan, organizan y evalúan los resultados orientados a mejorar los niveles de servicio público que implementa el Estado.
El asambleísta plantea que el Estado reconozca a estos profesionales mediante el título de tercer nivel, con sujeción a lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior. También propone que, por su formación y preparación en contenido social y de servicio público, su campo de acción estará destinado fundamentalmente a las instituciones que conforman el sector público.
Según esta iniciativa, dentro de sus atribuciones, las y los administradores públicos también pueden ejercer la docencia y realizar investigación científica en esta materia. Así mismo pretende que puedan intervenir en auditorías, consultorías, asesorías, así como desarrollar actividades vinculadas a la innovación e investigación para el fortalecimiento de la profesión en la Administración Pública.
En cuanto a la defensa profesional Moreta sugiere que los sueldos de las y los administradores públicos y la separación del cargo se sujeten a las escalas y causales que determinan la Ley Orgánica de Servicio Público y que el sector público en todas sus instancias considere de manera prioritaria la inclusión significativa de puestos técnicos para estos profesionales.
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