La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá hoy, a partir de las 13:00, con el propósito de conocer y votar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, según la convocatoria efectuada por su presidente, William Garzón Ricaurte.
El proyecto tiene como objeto la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz.
Según se argumenta en el borrador de informe, el proyecto de ley prioriza la prevención como instrumento que atañe directamente a los sistemas nacionales en los campos de la salud, la educación, educación superior, laboral, comunitario-familiar, recreativo - deportivo y comunicacional y de información; ámbitos en los que el Estado ejecutará las políticas, planes, programas y actividades sobre la prevención del uso y consumo de drogas.
Será aplicable a la relación de las personas con el fenómeno socio económico de las drogas; a las actividades de producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales, reciclaje, reutilización y al uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan.
Determina que toda persona en riesgo de uso, que use, consuma o haya consumido drogas, tiene derecho a la salud, mediante acciones de prevención en sus diferentes ámbitos, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, respetando los derechos humanos, y a recibir atención integral e integrada que procure su bienestar y mejore su calidad de vida, con un enfoque bio-psico social, que incluya la promoción de la salud.
Prevé que las entidades públicas y empresas privadas, con la participación activa de los empleadores, empleados y trabajadores, desarrollarán programas de prevención integral al uso y consumo de drogas, a ser ejecutados obligatoriamente en los lugares de trabajo, a fin de fomentar un ambiente saludable y de bienestar laboral.
El proyecto incorpora la reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en virtud de la cual se sustituyen los literales a) y b) numeral por los siguientes: Mínima escala de uno a tres años; mediana escala de tres a cinco años.
La Comisión del Derecho a la Salud resolvió abrir un debate nacional que permita consultar el criterio de todos los organismos del Estado que tengan competencia sobre el tema y de todas las entidades del sector privado y sociedad civil, relacionadas directamente con la vigencia y aplicación del referido cuerpo legal, para recoger las inquietudes y observaciones que se formulen, para hacer acopio de criterios y opiniones que le permitan elaborar el texto del proyecto para segundo debate, como resultado del proceso de consulta.
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