Académicos y funcionarios estatales acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para emitir sus puntos de vista y recomendaciones sobre el proyecto de Ley de Movilidad Humana. El documento se encuentra en análisis dentro de esta mesa, a fin de construir el informe para primer debate.
Soledad Coloma, profesora e investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos de Estudios Nacionales (Iaen), planteó la necesidad de incorporar perspectivas de género que sean mucho más visibles. El proyecto de ley destaca el principio de equidad pero al interior del documento no se concreta del todo, añadió. Por otra parte, lamentó que la normativa no establezca con precisión el tipo de incentivos que podrían recibir los migrantes retornados.
También del Iaen, Jacques Ramírez, investigador de temas migratorios, propuso que se analice con rigurosidad el espíritu y rostro de control que podrían tener algunos artículos, puesto que la ley debe tener como supremacía a las personas. Se debe dejar de ver al otro como una amenaza y sospecha, dijo.
El investigador sugirió que haya mayor coherencia entre los principios y una parte del articulado relacionado con inmigración e ingreso de extranjeros; que haya una perspectiva de regularización de los migrantes en situación irregular; que se plantee el acceso al derecho de reunificación familiar; y, sobre todo, que se ponga énfasis en la situación de los ciudadanos sudamericanos.
Este último punto llamó la atención del presidente de la Comisión, Fernando Bustamante, y de otros asambleístas. Se analizó, incluso, si este tema podría formar parte de otra ley o como un capítulo exclusivo en el proyecto de Ley de Movilidad Humana. El eje del análisis fue que no existe un hilo conductor que se dirija hacia una integración regional.
En tanto, la viceministra de Deportes, Jéssica Andrade, pidió que se incluya un artículo para que se pueda otorgar a los deportistas y entrenadores de alto rendimiento un pasaporte especial, para que movilicen con mayor facilidad y representar al país en las diferentes disciplinas. Este beneficio también se aplicaría a los deportistas paralímpicos aclaró.
Así mismo, a la discusión del proyecto acudió Patricio Benalcázar, Defensor del Pueblo Subrogante. Él enfatizó que en cuestión de derechos de las personas en movilidad el logro mayor es que ya existe en debate un proyecto de ley dentro de la Asamblea, en donde muchos de sus artículos reflejan los mandatos de la Constitución del 2008, sobre derechos.
No obstante, Benalcázar manifestó que todavía existe una disputa y planteó la necesidad de analizar la dualidad de muchos aspectos. Uno de ellos es la dicotomía entre un sistema de gestión migratoria que se construya a partir de la regularización de derechos y de ciudadanía, versus un caduco sistema de regulación y control.
El paradigma que propone la Defensoría del Pueblo para análisis enfrenta, así mismo, a un sistema de administración migratoria individual, a libre discrecionalidad del funcionario respectivo, frente a una ponderación administrativa, enmarcada en la ley. Por último, sugiere analizar si se continúa con una visión dictatorial, con una gran dispersión en la rectoría de la política migratoria, con múltiples órganos encargados de varios temas vinculados a la movilidad, o una rectoría que tenga nombre y apellido, que permita que otros entes del Estado cumplan su función.
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