Los asambleístas de la Comisión de Educación presentarán en los próximos días un informe sobre la veeduría que 12 legisladores realizaron en 9 provincias del país sobre la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES). Este trabajo lo realizaron como parte de su función fiscalizadora para verificar cómo se lleva a cabo y opera la política pública, que nace de la legislación que la Asamblea Nacional aprueba, afirmó la vicepresidenta del ente, Ximena Ponce León.
Los parlamentarios se desplazaron el sábado anterior a diferentes recintos en donde unos 276 mil estudiantes rindieron la prueba con la finalidad de acceder a un cupo en las universidades públicas y privadas del país. Su trabajo se realizó desde las 06:30 hasta las 16:00.
La asambleísta Ponce recorrió algunas localidades del Colegio 24 de Mayo de Quito. Dijo que constató un buen despliegue de logística, pero que faltan algunas cuestiones de organización que se puede ir resolviendo en el camino, como el hecho de que algunos sitios no eran recomendables para los estudiantes, por el fuerte calor que se registró ese día.
En cuanto al proceso de aplicación del examen y de acceso a las entidades de educación superior, la legisladora sostuvo que es necesario trastocar algunos mitos que se han formado. Uno de ellos tiene que ver con la creencia de que el examen deja afuera a los estudiantes, cuando son los cupos de las universidades los que los limitan, manifestó, tras recordar que las entidades públicas solo se otorgan 120 mil cupos y las privadas 30 mil, con lo que 126 mil jóvenes se quedan sin asignación.
El sistema lo que ha hecho es que haya una tamización para el ingreso a los centros educativos sobre la base de los conocimientos, capacidad y estudios que tangan los bachilleres. Luego, el ENES distribuye a los estudiantes según su puntaje, afirmó.
El segundo mito al que hizo referencia la asambleísta se refiere al hecho de que mucha gente considera que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) envía a las chicas y chicos a estudiar en provincia, pero que esos desplazamientos se generan según los cupos y las cinco opciones que escojan los interesados. En este caso, la legisladora sugirió a los padres de familia que respeten las decisiones de los jóvenes, en el momento de seleccionar sus carreras universitarias.
Por otra parte, acotó que notó tensión en los jóvenes que iban a ser evaluados pues muchos de ellos iban a dar la prueba por primera vez y no habían tomado el curso de nivelación. Existían casos que se acercaban por segunda ocasión, pero es necesario destacar que ese curso no es obligatorio. Aquí también hay distorsión, declaró.
Ximena Ponce, así mismo, destacó el trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, la SENESCYT, por el trabajo coordinado para que la evaluación se desarrolle sin inconvenientes.
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