Durante el programa Contigo de Ley, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, informó que durante esta semana el Pleno conoció y aprobó el informe que presentó la Comisión de Justicia sobre la cesación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la destitución de los vocales del Tribunal Constitucional, en el 2004.
Esta resolución se efectuó como parte del proceso sobre el derecho de repetición, que busca que el Estado recupere alrededor de 15 millones de dólares que deberá desembolsar, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Ecuador la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. La presidenta afirmó que los magistrados y jueces denunciaron sus casos en la Corte y ésta falló a su favor.
La responsabilidad de pagar esos recursos deberá ser de quienes tomaron la decisión de cesar en sus funciones a dichos funcionarios. Por actos de omisión o incumplimiento la responsabilidad no puede ser de todos, sino de ellos. Los diputados de esa época tomaron esa medida sobre sus competencias. Con la aplicación de este proceso de repetición se está sentando un precedente jurídico, dijo la principal de la Legislatura.
Explicó que el Procurador General del Estado, como representante legal del Estado, pidió que la Asamblea que elabore un informe sobre estos hechos y hemos identificado los presuntos responsables en cada uno de los casos. Con este texto el Procurador deberá presentar la demanda y será la Corte Nacional de Justicia la que determine, en un juicio, donde los supuestos implicados tengan derecho a la defensa, la que determine un veredicto, explicó.
Por otra parte, también comunicó que el pasado jueves la Asamblea se solidarizó con las familias migrantes ecuatorianas en Italia y ratificó su compromiso de trabajar en leyes que garanticen sus derechos humanos y la unidad familiar de las personas en condiciones de movilidad humana.
Dijo que el asambleísta Mauro Andino llevará esta resolución de manera personal a una delegación de altísimo nivel para que comparezca ante el gobierno de Italia y ratifique la posición de nuestro país y sobre todo de la Asamblea Nacional, puesto que ésta tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los ecuatorianos en nuestro territorio y fuera de él. Hemos asumido este deber tomando en cuenta que la movilidad humana es un derecho universal, acotó.
De acuerdo con la resolución alrededor de 30 mil niñas y niños han sido separados de sus familias en Italia y puestos en casas de cuidado, de los cuales 114 casos se refieren a compatriotas y el resto a diferentes nacionalidades. Esto es lo que discutimos ayer, dijo la presidenta, tras enfatizar que es doloroso que en países del primer mundo se falte a los derechos humanos.
LM/pv
