La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para mañana martes, a las 9:45, a la sesión No. 351 del Pleno. Aquí se resolverá el Convenio de Cooperación entre Ecuador y Guatemala para proteger los bienes de patrimonio cultural y natural. En el orden del día también consta primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural.
En cuanto al primer punto, la Comisión de Relaciones Internacionales recomendó aprobar el Acuerdo. Se basa en el dictamen de la Corte Constitucional, que advierte que este instrumento legal guarda armonía con los mandatos de la Carta Magna.
La mesa también aclara que el documento se ampara en convenios internacionales como el suscrito con la UNESCO, en 1970, así como en normas secundarias nacionales, tendientes a combatir el tráfico ilícito de riquezas patrimoniales. Una de ellas es el Decreto Ejecutivo 277, de marzo del 2010, en el cual el presidente de la República, Rafael Correa, declaró política de Estado el combate al tráfico ilícito de bienes culturales.
Bajo esta línea, el Convenio con Guatemala tiene el objetivo de establecer las bases y procedimientos sobre los cuales los dos Estados cooperarán para la protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y naturales. También regula la reciprocidad entre los países suscriptores en cuanto a la asistencia judicial para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos como robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita de los patrimonios.
La comisión señala que al tenor de lo previsto en la Constitución es obligación del Estado defender y proteger el patrimonio cultural del país para prevenir acciones ilegales como el tráfico ilícito de estos bienes. En esta medida, dice que la suscripción de acuerdos bilaterales permite lograr mayores niveles de cooperación para evitar estas infracciones. El derecho a la cultura es inherente a los seres humanos y es necesario para alcanzar el Buen Vivir, advierte.
Según el informe, Ecuador ya ha suscrito compromisos similares con otros países en los cuales exista una gran incidencia de robos de bienes patrimoniales. Estos documentos análogos, como el suscrito con el Gobierno Reino de Camboya, también plantearon artículos para que se establezca el intercambio de información, devolución, exención de impuestos, solución de controversias y seguimiento de estos casos. En lo que sí existe diferencia es en la nominación de la autoridad competente para asegurar la debida cooperación: en el convenio con Guatemala, por Ecuador será la Fiscalía General del Estado.
Este acuerdo se suscribió en Quito el 17 de octubre del 2013 y el 17 de septiembre del 2014 la Corte Constitucional emitió el dictamen previo y vinculante. A partir de ese trámite el documento ingresó a la Asamblea un mes después. Entre tanto, la comisión conoció y debatió el pedido en enero y abril de este año.
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