En el marco del análisis del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, la Comisión del Derecho a la Salud, recibió al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien se refirió a los colectivos que han sido excluidos de estos beneficios y planteó recomendaciones para garantizar su inclusión en este sistema de salud.
Entre otros temas, dijo que hay personas que por años han contado con un seguro médico privado; sin embargo, no se les renueva el contrato una vez que son de la tercera edad, lo que es injusto porque invierten con el ánimo de contar con una seguridad que cubra sus necesidades en materia de salud, en sus días más difíciles, los de la vejez.
Al respecto, señaló que dentro de la normativa se debe realizar un enfoque específico de las personas adultas y adultas mayores, de tal manera que puedan tener una normativa regulatoria que proteja sus derechos para que no queden fuera del seguro en ninguna circunstancia.
Por otra parte, explicó que los seguros no pueden tener cláusulas que dejen fuera a las mujeres embarazadas, porque la Constitución ubica conceptos definidos de protección de la vida desde la concepción.
Sobre la cobertura de enfermedades poco frecuentes, expresó que existen inconvenientes porque el ámbito de atención no es conocido, no hay suficiente desarrollo científico o los diagnósticos son muy costosos; no obstante, manifestó que se debe incluir una normativa específica respecto a ser incluyente en este tipo de enfermedades, por lo que se debe generar un punto intermedio para que no signifique un costo muy elevado para las empresas y brinden el servicio al ser compensadas respecto a sus obligaciones desde el Estado.
Sobre los pueblos y nacionalidades, expresó que los servicios de medicina prepagada no alcanzan a la población indígena y a la población indígena rural; no obstante, hay otros servicios de salud que se desarrollan a nivel intercultural que deben ser incluidos, deben direccionarse los razonamientos respecto a este tema porque son parte de nuestra cultura, aseveró Ramiro Rivadeneira.
Información no engañosa, eliminación de claúsulas de adhesión, manejo confidencial de la información e inclusión de un artículo específico sobre las sanciones por razones de discriminación fueron algunos planteamientos del Defensor del Pueblo.
Finalmente, el presidente de la comisión, William Garzón, coincidió con la preocupación respecto a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, grupos de atención prioritaria y discapacitados, razón por la cual hizo un llamado al trabajo conjunto para alimentar el proyecto y construir una ley incluyente con todos los colectivos de atención prioritaria.
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