El proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera permitió que en el Pleno se generalice el criterio de que esta normativa es buena para el país. Sin embargo, consideraron que para una mejor aplicación es necesario realizar algunas perfecciones. Del lado de Alianza País se aclaró que no se trata de una iniciativa de última hora, sino de una oportunidad para fortalecer este tipo de asociaciones, que ya se las ha venido realizando desde algunos años.
Los criterios de los legisladores se vertieron durante el inicio del primer debate del proyecto. Soledad Buendía dijo que el cuerpo legal pretende crear un marco jurídico para incentivar la inversión nacional y extranjera, pero que la misma no es nueva, sino que es parte de una política pública del gobierno, aplicada gracias a la aprobación de algunos cuerpos normativos. Hizo referencia, al Código de la Producción que también permitió esas asociaciones. Hoy estamos avanzando en eso, añadió, en tanto que Juan Carlos Casinelli aseguró que se trata de seguir impulsando el Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas que se han venido ejecutando.
Carlos Bergman mencionó que la propuesta es producto de una serie de leyes que se han gestionado en la Asamblea durante este período. De las 34 que hemos aprobado ocho han ido encaminadas a beneficiar a este sector, pero privilegiando al ser humano, dijo. También se refirió al Código de la Producción, así como a la Ley de Incentivos Productivos, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos.
Este socialismo se asienta en desarrollar la producción, no es la primera vez que se establecen estos incentivos, añadió Virgilio Hernández, mientras que Vanesa Fajardo explicó que el objetivo es fortalecer los vínculos existentes, así como generar las condiciones para que esta relación continúe. También existieron otros escenarios que permitieron la participación del sector privado, entre ellos la estabilidad económica, sostuvo la segunda vicepresidenta del Legislativo, Marcela Aguiñaga.
Sin embargo, el proyecto tiene fallas, las mismas que deben ser resueltas, según Patricio Donoso (CREO). A pesar de eso vemos con buenos ojos y vamos a apoyar cualquier iniciativa que considere a la inversión privada como una línea de desarrollo, agregó Moisés Tacle, de Madera de Guerrero. Aunque, algunos de los elementos del proyecto hacen que el camino se vea oscuro, al menos, abre un cauce, manifestó Luis Fernando Torres. No obstante, este proyecto es una oportunidad para lograr mecanismos para la industrialización, acotó, de su lado, Luis Tapia, mientras que Casinelli recordó que el mismo busca dinamizar la economía en todos sus aspectos.
Las observaciones se centraron principalmente en la conformación del Comité Interinstitucional, mientras la oposición cuestionaba por qué en el mismo no está un representante del sector empresarial con voz y voto, el oficialismo explicaba las razones. El órgano regulador no puede tener entre sus miembros a los regulados y el artículo tres es claro: una de las facultades del Comité es regular, por lo tanto, no podemos caer en inconstitucionalidades sostuvo Juan Carlos Casinelli.
También el artículo ocho fue objeto de posiciones contradictorias. Este establece que el Presidente de la República puede simplificar procedimientos administrativos mediante decreto ejecutivo. Se permite que el Jefe de Estado modifique una Ley mediante un Decreto, dijo Ramiro Aguilar. Pero, de acuerdo con Hernández este artículo no afecta la jerarquía normativa porque en simplificación administrativa si se puede aplicar el Decreto.
Otras propuestas apuntaron para que el proyecto se aplique a otras empresas medianas y comunitarias. Ese fue el planteamiento de Oswaldo Larriva. También se sugirió que se debe evitar las contradicciones y que no se deje un camino abierto para la privatización, así lo dijo Hernández. No es cuestión de privatización, sino de un convenio que se hace con el sector privado, acotó Mauricio Proaño. Hay que aclarar los conceptos, no se trata de una alianza, sino de asociaciones de capitales para el desarrollo común, se trata más de consenso, de apertura, explicó.
En otro ámbito, Tapia pidió que el proyecto se enfoque a desarrollar a las provincias más pobres del país y Moisés Tacle insistió en que se priorice obras que garanticen el retorno de la inversión. En tanto que Omar Juez solicitó la remisión de intereses derivados de las obligaciones patronales, glosas, acuerdos administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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