El debate sobre el proyecto de Ley de Movilidad Humana continúa en la Comisión de Relaciones Internacionales. Hoy lo realizó con la viceministra de Relaciones Exteriores, María Landázuri. Ella participó los criterios de la Cancillería en cuanto a las competencias de esta institución que se incluyen en la iniciativa legal. Dijo que, en lo fundamental, este proyecto aborda a todos los grupos de movilidad humana, tiene un tratamiento diferenciado para este grupo social, se enfoca en los derechos, soluciona varios vacíos jurídicos y contradicciones que existen en la ley vigente.
En cuanto a las funciones y competencias de la Cancillería, se refirió a los contenidos de los Título I, V, VI y XII. El primero se refiere al objeto, ámbito y finalidades del proyecto. Sobre el texto de este apartado manifestó que aquí se trasciende el concepto de control migratorio hacia la movilidad humana, que regula el ejercicio de los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución, que es de aplicación en los sectores público y privado a nivel nacional. Atraviesa todos los niveles de gobierno, indicó.
Sobre el Título V explicó que la propuesta busca avanzar sobre las políticas, programas y modelos de gestión que ya ha venido realizando el gobierno en cuanto a atención, asistencia y protección que se realiza en otros países, independientemente de su condición migratoria. En este sentido, enfatizó en que el proyecto crea un registro de la comunidad ecuatoriana emigrante y de las organizaciones que existen en el exterior; pretende identificar las condiciones de vulnerabilidad, busca la asistencia y protección a los ciudadanos; y, da prioridad a las personas privadas de libertad, desparecidos en el viaje migratorio y búsqueda activa de casos vulnerables.
La Viceministra también explicó las políticas referentes a la comunidad extranjera en el Ecuador, que se aborda en el Título VI. Manifestó que los dos tipos de extranjero inmigrantes y no migrante desparecen para dar paso a una calidad migratoria temporal (menor de dos años), permanente (de dos a cinco años) y residencia (mayor a diez), mientras que los tipos de visa se cambia de 18 a 4 tipos: múltiple, especial, convenio y humanitaria.
En cambio, en el tema de atención ciudadana y servicio consular para personas en movilidad humana María Landázuri enfatizó que lo fundamental es cambiar las limitadas funciones que tiene la Cancillería, en donde la asistencia y protección para este grupo social era optativa. Con el proyecto se mejoran estas categorías y además se desconcentran los servicios a nivel nacional y extranjero, a través de coordinaciones zonales y de categorías de oficina consular mediante representación general, consulado y sección consular dentro de una embajada. Acotó que en este ámbito de atención y servicio también se plantea la corresponsabilidad en las obligaciones y derechos de las personas en movilidad humana.
Así mismo, la funcionaria se refirió a la institucionalidad y competencias de Movilidad Humana, sobre la cual se crea una Rectoría de Movilidad Humana. Sobre este caso, la asambleísta Dora Aguirre sugirió que la misma recaiga en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la funcionaria, con esta nueva institucionalidad se separan la movilidad humana de control migratorio, se crean competencias para los gobiernos autónomos y la corresponsabilidad a nivel local.
Sobre este último tema, Dora Aguirre solicitó que además de las responsabilidad que se les otorga a los gobiernos locales también se establezca que estos apoyen iniciativas productivas. De igual manera, que se determine una coordinación con las diferentes instituciones para buscar mecanismos de atención sobre las diferentes demandas que tienen las personas en movilidad humana.
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