Ampliar el plazo para el pago efectivo de deudas y/o restructuración de obligaciones con el Banco Nacional de Fomento hasta el 31 de diciembre de 2015, para facilitar a los beneficiarios de la remisión de intereses, multas y recargos; de deudas de cartera vencida y castigada que corresponda a clientes con saldos menores a 500 dólares; de obligaciones para los deudores que hubieran fallecido, originadas en créditos de desarrollo humano, fueron las propuestas que presentó la subgerente del Banco de Fomento, Lourdes Rodríguez.
Esta observación la formuló ante los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, la que en el proceso de socialización y recopilación de criterios, recibió a 10 actores de la empresa privada, pública y asambleístas, quienes expusieron aportes al proyecto urgente de Ley de Incentivos a la Asociación Público-Privada y la Inversión Extranjera.
Por su parte, Cristhian Bucheli, gerente General del BIESS, al referirse a los negocios fiduciarios de los proyectos de infraestructura física, dijo que la normativa les dio el plazo de 180 días para reestructurar, refinanciar o reactivar las operaciones de crédito o inversiones realizadas por el sector financiero público que se cumple este 5 de noviembre. De este plazo (180), 70 días se utilizó para el procedimiento, por lo cual el tiempo para ejecutar los mismos es reducido y solicitó ampliar el plazo de 150 días que debería constar en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses Multas y Recargos.
Entre tanto, Jorge Cueva, viceministro de Salud, precisó que en la normativa de APP se debe establecer el régimen de notificación obligatoria sanitaria para los bienes de uso y consumo humano, es decir, lo que son alimentos procesados, desinfectantes, plaguicidas, etc., pero, fundamentalmente, lo que es uso terapéutico (medicinas) tiene que haber un registro sanitario, que da la certificación de calidad de un producto.
Javier Oquendo, intendente de la Procuraduría, pidió incorporar en el proyecto urgente una disposición transitoria, que autorice a la Superintendencia de Compañías condonar los intereses derivados de las contribuciones en su favor que se encuentren vencidas o pendientes de pago hasta la publicación de la presente ley, siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad de dicha contribución en el plazo de 180 días siguientes a la fecha de vigencia.
Oswaldo Rodríguez, de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (ASEDIM), expresó que en el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas debe estar un representante del sector empresarial, con voz pero sin voto, también fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria –ARCSA-, que reivindique el registro sanitario para los medicamentos, dispositivos médicos; y, afiance el cambio de la matriz tecnológica permitiendo la investigación biotecnológica, para lo cual se requiere el ingreso de reactivos para la investigación en laboratorios.
Cristina Murgueytio, de ASEDIM mencionó que el Comité Interinstitucional debe tener la capacidad técnica para decidir sobre distintos proyectos que se van a impulsar mediante la asociación público-privada. Además que es necesario establecer cuáles son los parámetros de la alianza en el área de salud.
En la reunión, el asambleísta Óscar Ledesma planteó determinar en el cálculo del impuesto a las tierras rurales hasta las 100 hectáreas estén exentas del pago de impuesto a la tierra; pidió el aumento del plazo para que los beneficiarios de la remisión de intereses, multas y recargos puedan alcanzar este beneficio y determinar un seguro de desgravamen.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, opinó que la ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre es conveniente porque permitirá mejorar las condiciones de producción en el agro ecuatoriano, sobre todo para aquellos campesinos que se han endeudado hasta 15 mil dólares.
En cuanto al impuesto a la tierra, dijo que se puede definir tres opciones: en el caso de la Amazonía no puedan expropiarse tierras hasta 100 hectáreas y a partir de esta cantidad se cobrará el respectivo impuesto; en la Sierra a partir de las 25 hectáreas; y en la Costa a partir de las 75 hectáreas.
La legisladora Vanesa Fajardo solicitó que en el proyecto urgente se incluya incentivos para los pescadores artesanales de la provincia de Santa Elena.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Lídice Larrea enfatizó que la normativa no puede ir enfocada hacia un solo sector jurisdiccional, sino al país y a la sociedad en general.
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