En la jornada matutina de la sesión 354 del Pleno, donde intervinieron 18 parlamentarios, la gran mayoría de asambleístas coincidieron que la propuesta de Ley de Asociación Público- Privada y la Inversión Extranjera es importante para el desarrollo del país, que los incentivos permitirán reactivar su economía; y, que en el informe para segundo debate, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico, se incluyeron varias propuestas presentadas por distintos legisladores y entidades.
Los temas centrales del debate se orientaron en la remisión de intereses, multas y recargos, la eliminación del Impuesto del 2 x 1000, las controversias contractuales, transparencia en procesos de selección de concursos públicos, facilidades para que el IESS pueda recaudar capital, definir plazos para los contratos de gestión, el apoyo para los pescadores artesanales que mantiene deudas con la Corporación Financiera Nacional, la necesidad de fijar plazos para las asociaciones, aspectos sobre el Comité Interinstitucional, entre otros.
El asambleísta Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico dijo que es bueno que se excluyan los tributos de los gobiernos autónomos descentralizados, como medida de incentivo para afianzar convenios de asociación público-privado, además que se precautela su autonomía para que disponga de esos tributos no solamente aquello que tiene relación con los impuestos prediales sino con alcabalas, plusvalía y utilidades en beneficio de la localidad. Indicó que es necesario eliminar del texto lo que hace relación con el impuesto para el área hospitalaria de Guayaquil referente al 2 x 1000, que lamentablemente está vigente por el dictamen del Procurador.
Por su parte, la legisladora Cristina Reyes manifestó que hay que ver al sector privado como un aliado, no como enemigo por lo que se debe garantizar la seguridad jurídica, a la vez que demandó transparencia en los proceso de selección de concursos públicos. Mientras el legislador Fausto Cayambe aclaró que el proyecto urgente nada tiene que ver con la modernización, que intentaba privatizar varios sectores estratégicos y explicó que cuando se produce una alianza o asociación, el Estado tiene la mayoría de participaciones. Dijo que es necesario darle facilidades al IESS para que pueda recaudar capital de trabajadores por mora patronal.
La parlamentaria Pamela Falconí señaló que en la normativa se debe hacer constar lo que determina el artículo 289 de la Constitución, referente a la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado que se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento; pidió clarificar la contratación del talento humano nacional por parte del Comité Interinstitucional.
El legislador Paco Fierro precisó que en el modelo alternativo APP se debe establecer que el riesgo y las ganancias se comparten por igual.
De su lado, la asambleísta Marllely Vásconez habló de definir plazos para los contratos de gestión y clarificar que las asociaciones se realizan para nuevos proyectos hidroeléctricos. La parlamentaria Verónica Guevara manifestó que a través del cuerpo legal se afianza las relaciones del Estado con la empresa privada para proyectos de desarrollo de interés general. Sostuvo que apoya la remisión de intereses, multas y recargos a favor de pescadores artesanales que mantienen deudas con la Corporación Financiera Nacional.
El legislador Patricio Donoso indicó que en la norma existen algunas inconstitucionalidades por lo que votó en contra del informe, al tiempo de señalar que los inventivos para inversión privada tienen que ir más allá de hidroeléctricas, incluso contratos ya firmados. Virgilio Hernández resaltó las modificaciones profundas que se establecieron en el informe para segundo debate enmarcado en lo que determina la Constitución y el marco jurídico, al asegurar que no se abre, de manera alguna, las puertas para la privatización y coincidió que es necesario establecer plazos para las asociaciones.
La parlamentaria Vanesa Fajardo al saludar la presencia de pescadores artesanales de Santa Elena en las barras altas del Salón Nela Martínez, recordó que presentó la propuesta para que se beneficien con la remisión de intereses para este sector social que mantiene microcréditos con la Corporación Financiera Nacional. El legislador Luis Fernando Torres dijo que no puede haber inversión, mientras no se especifique la resolución de conflictos entre inversionistas y el Estado. Con la ley de Incentivos se pretende modificar el Código Orgánico General de Procesos, que habla de defender a los administrados, agregó.
La primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado coincidió con dar facilidades a los pescadores artesanales en caso de dudas con la CFN y señaló la importancia de definir la transferencia tecnológica, mano de obra y componente nacional en la Ley. Sugirió fijar plazo para asociaciones, que garanticen la seguridad jurídica para el Estado y los inversionistas. El legislador Ángel Rivero se sumó a la propuesta a favor de los pescadores artesanales y resaltó la importancia de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre para que deudores del Banco Nacional de Fomento reestructuren sus créditos.
El coronel Luis Tapia reconoció la importancia del proyecto de Ley de Incentivos porque son fundamentales para el desarrollo del país. Dijo que se debería establecer incentivos para empresas que inviertan en provincias que están por debajo de la media del Producto Interno Bruto (PIB). La asambleísta Blanca Arguello se mostró partidaria que el Registro Sanitario sea para los medicamentos en general. Henry Cucalón subrayó que cree firmemente en el rol que cumplirá la empresa privada para el desarrollo del país.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira resaltó el contenido del proyecto donde se define con claridad el ámbito de aplicación de la ley, misma que se enmarca en la provisión de bienes, obras y servicios por parte del Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados, exceptuando los sectores estratégicos que son base fundamental de la soberanía del país. Es necesario que los lineamientos de esta ley deben cumplirse en la relación entre el Estado y los privados, concluyó.
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