El asambleísta Mauricio Proaño dio inicio a la jornada vespertina del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Él mencionó que esta iniciativa es de gran importancia para el desarrollo del país. Sin embargo, aclaró que la misma no busca la privatización, sino la conjunción de capitales entre los dos sectores.
Por otro parte, resaltó que la Comisión de Desarrollo Económico ha acogido los aportes que se han presentado desde la legislatura y varios actores sociales. Entre ellos destacó que dentro de las disposiciones transitorias se establezcan cambios a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. Uno de ellos es que las remisiones se extiendan de 180 días (plazo que ya concluyó el 4 de noviembre) a 330 días, es decir, hasta el 31 de diciembre.
El legislador argumentó que el Banco Nacional de Fomento no pudo aplicar esta ley porque tuvo varias limitaciones y problemas técnicos, por ejemplo, no pudo encontrar a todos sus clientes, dijo. De los 48 mil beneficiarios solo localizó a 7 mil 809, mientras que en recursos solo recaudó alrededor de 7 millones, de 85 millones de dólares.
En tanto, Soledad Buendía, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, argumentó que los aportes han permitido mejorar el cuerpo legal. Manifestó que en democracia los acuerdos se incorporan y los disensos se discuten. Desmintió que no haya existido apertura. También negó que sea la primera vez que se regrese a ver al sector privado. Explicó que ya se han generado otros instrumentos para realizar asociaciones públicos-privados, como el Código de la Producción, en el cual se establecieron las normas de juego para estos mecanismos. Enfatizó que estas asociaciones hay una delegación controlada para garantizar los intereses de los ciudadanos y que las mismas abren una puerta de desarrollo para el país, fuentes de empleo y fortalecen la dolarización.
En cambio, Diego Vintimilla agradeció los aportes de las diferentes organizaciones sociales, que permiten que el proyecto cumpla sus objetivos. Planteó que en cuanto a los derechos de la propiedad se aclare qué va a suceder con la misma una vez que concluya el plazo de la ejecución del proyecto. También dijo sentirse aliviado porque en el artículo 13 del proyecto se deja claro que bajo la modalidad de asociaciones público-privado no se podrá delegar a la gestión privada las facultades de rectoría, regulación y control a cargo del Estado ni la gestión de servicios de interés general para los que se haya excluido legalmente la participación privada.
Por otra parte, al referirse a la simplificación de procesos administrativos a través de Decretos Ejecutivo u Ordenanzas, que los pueden hacer el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, el legislador precisó que el proyecto respeta el orden democrático y la jerarquía de las leyes. Sin la aprobación de ninguna norma en el país ya se han eliminado 600 trámites y se espera que el próximo supere los mil, añadió.
En cuanto a la inclusión del sector hidroeléctrico para los proyectos de asociación público-privado el parlamentario Moisés Tacle aseveró que es un acierto, aunque cuestionó que no se haya extendido a otros sectores de recursos estratégicos.
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