La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira convocó a los parlamentarios a la sesión No. 356 del Pleno, para las 09:30 del jueves, con la finalidad de conocer dos informes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto del pedido de aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral en asuntos migratorios entre Ecuador y El Salvador y del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional.
Respecto al convenio en materia de aviación civil, la comisión en su informe señala que es necesario modernizar la legislación ecuatoriana para dar mejor respuesta a las amenazas internacionales, fortaleciendo el marco jurídico para la cooperación internacional en la prevención y represión de actos ilícitos contra la aviación civil.
En el análisis de este tema se precisó que en la legislación ecuatoriana no existen normas para el caso de neutralización de aeronaves, mientras que países vecinos sí las tienen. Se requieren contar con un conjunto de normas técnicas que regulen los procedimientos que deben seguir los pilotos en los casos de ilícitos que puedan cometerse cuando las aeronaves están en servicio.
El Convenio tipifica delitos como la utilización de aeronaves con fines delictivos, con el fin de causar muerte o destrucción; la colocación de artefactos o explosivos en aeronaves capaces de destruirlas o causar daños que las incapaciten para el vuelo; la realización de cualquier acto de violencia dentro de una aeronave o en las instalaciones o servicios de navegación; el transporte de armas biológicas o químicas o de materiales explosivos; el transporte de armas en general dentro de una aeronave, entre otros.
Mientras que el acuerdo marco de cooperación bilateral en asuntos migratorios entre Ecuador y El Salvador recoge una variedad de temas migratorios importantes y relevantes para los dos países, con un enfoque en la atención y protección de migrantes y en particular de niños y niñas no acompañados, así como también en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
De esta manera se fortalecen los mecanismos para la protección de derechos de los ecuatorianos en el exterior, así como de las personas de otras nacionalidades en el país, en coherencia con los principios de no discriminación, ciudadanía universal y con el derecho a migrar que establece que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
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