En realidad, la postura a la que llegó el Parlamento partió de un pedido nacional. La delegación de Ecuador presentó esa propuesta, basada "en que el laudo arbitral significa una afectación no solo a la soberanía y a la legislación nacional, sino también al Presupuesto General del Estado", según dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Ella expuso que esos recursos hubiesen podido destinarse a inversión social, en educación o salud. Lo cierto es que Ecuador enfrentará el próximo año con un déficit global de 2.500 millones de dólares en su presupuesto, dinero que todavía no está financiado y que le hace falta al Estado para cumplir con sus estimaciones de gastos. Ver más..