En Guayaquil, la asambleísta María Soledad Vela, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, al señalar la importancia de dictar una normativa que se ajuste a la realidad de las personas que por diversas razones salieron de su país, dijo que “en conjunto debemos cambiar la realidad del migrante para que goce de derechos, derechos que están consagrados en la Carta Magna y que se los plasma en el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana”.
En la Casa de la Asamblea Nacional, en la provincia del Guayas, alrededor de 250 personas se dieron cita para conocer de cerca el contenido del proyecto y a su vez fortalecer la normativa con sus criterios.
La parlamentaria indicó que la normativa actual no se ajusta a la realidad que viven los migrantes, emigrantes, retornados, refugiados, víctimas de trata y tráfico de personas, por ello el objetivo de acudir a territorio es crear una propuesta legal que se ajuste a la realidad actual de las personas en movilidad humana.
La parlamentaria resaltó la importancia de la ciudadanía universal que permite reconocer a todas las personas los derechos inherentes a la condición humana, independientemente de la condición migrante.
La parlamentaria centró su explicación en tres grandes temas: la migración, inmigración y la comunidad migrante retornada.
María Soledad Vela precisó que la protección internacional es un deber del Estado que consiste en garantizar, sin discreción y en igualdad de condiciones, a los ciudadanos ecuatorianos el acceso y el ejercicio de los derechos.
Al referirse al ingreso y salida de personas y el control de permanencia en el Ecuador, dijo que todo ser humano puede ingresar o salir del territorio nacional por pasos de frontera y sitios acreditados por la autoridad competente. Se controlará el ingreso y salida de las personas con estricto respeto a los derechos humanos, subrayó.
Soledad Vela señaló que la autoridad encargada de los asuntos de movilidad humana debe emitir los procedimientos para la certificación de la condición de emigrante. El Estado debe adoptar las medidas de acción afirmativa a favor de las personas que se encuentren en esta condición, agregó.
Hay que tomar en cuenta la identificación de vulnerabilidad, las acciones de atención y protección, la asistencia de privación de libertad, por movilidad restringida, la localización de familiares de emigrantes y viceversa, el registro para la comunidad ecuatoriana emigrante, así como de organizaciones en el exterior, añadió.
Con respecto a la comunidad migrante retornada indicó que las oficinas consulares del Ecuador deben crearse de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la normativa interna que para el efecto expida la autoridad de Movilidad Humana.
El objetivo central es proteger, dentro de su jurisdicción, los derechos e intereses del Estado y los de los ecuatorianos, sean personas naturales o jurídicas, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución; prestar ayuda y asistencia a los ecuatorianos en el exterior, así como coordinar la asistencia humanitaria en caso de extrema vulnerabilidad.
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