La Comisión de Régimen Económico, que la preside el asambleísta Virgilio Hernández, convocó a los parlamentarios para desarrollar una amplia agenda de trabajo. La actividad iniciará a las 09:30 para recibir al Superintendente de Bancos, Christian Cruz; al presidente del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y Unidad de Análisis Financiero, Byron Ramiro Valarezo, quienes expondrán sus criterios sobre las reformas a la Ley de Lavado de Activos.
En cambio, en horas de la tarde, a partir de las 15:00, los parlamentarios recibirán a la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, Nuria Butiñá y a la Directora del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso, a fin de expongan sus observaciones al proyecto de Ley de Fondo de Becas.
A las 16:30 los comisionados conocerán y votarán el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
Cabe señalar que el proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos tiene como objetivo crear un régimen institucional que garantice la efectiva aplicación de las políticas, procedimientos y acciones tendientes a la prevención, control y erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Mientras que el proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria fomenta la adopción de políticas preferenciales para alcanzar su inclusión, proteger y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado.
También potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay.
Igualmente, establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario; instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.
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