La asambleísta Ximena Ponce, en el debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, señaló que se debe construir actividades productivas y sociales en beneficio del desarrollo de los seres humanos. Además se refirió a los criterios para delimitar los latifundios para tener una adecuada distribución de la tierra y evitar la acumulación que fue un problema de la sociedad que se corregirá con esta normativa.
De su lado, el asambleísta Montgómery Sánchez reconoció el arduo trabajo de la comisión y destacó las permanentes reuniones con los sectores agropecuarios del país de donde se sacaron las mejores sugerencias. Entre sus observaciones, solicitó que los beneficiarios del programa de concesiones o tierras rurales, por tiempo limitado, sean acreedores a créditos previo autorización de la autoridad agraria nacional.
El asambleísta Manuel Tapia recalcó los aspectos de mejoramiento para la población y el trabajo de análisis y desarrollo normativo. Se refirió a las expropiaciones y precios justos y recomendó tomar en cuenta que el Estado puede intervenir en los predios, a través de la expropiación, con la única finalidad de convertirla en un bien público.
Esthela Ortiz, representante de la provincia de Esmeraldas, señaló que en las audiencias públicas los participantes formularon observaciones y recomendaciones respecto a la servidumbres constituidas sobre la tierra rural y porcentaje de área que deben ser destinadas para forestación y reforestación, entre otras inquietudes recogidas en el informe para segundo debate.
La legisladora por la provincia de Sucumbíos María Pilar Almeida inició su ponencia señalando que la tierra debe cumplir una función social y ambiental para vivir en armonía. Manifestó que la pobreza de los campesinos no es solo por la tenencia de la tierra y recalcó que toda política debe ir acompañada de comercialización justa y un valor agregado a los productos. Aseveró que la Ley de Tierras mejorará la condición de las provincias amazónicas que deben pasar de la producción petrolera a una producción agrícola.
Por su parte, la asambleísta María Augusta Calle expresó que con la normativa de ninguna manera las propiedades de las comunidades indígenas se verán afectadas y recalcó que con la construcción de los anexos técnicos se resolverán importantes dificultades, lo que representa un gran avance en la revolución agraria del país.
Respecto al artículo 16, referido a la pobreza extrema, planteó que no solo sean comunidades de pobreza extrema sino que se incluya a la mujer rural jefa de hogar que es el sector más pobre de todos para que sea beneficiada con la entrega de tierras.
Una vez que culminó la ponencia de la asambleísta María Augusta Calle el debate fue suspendido y será retomado en los próximos días para la respectiva aprobación.
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