La Comisión de Régimen Económico avocó conocimiento del proyecto de Código de Comercio de iniciativa del asambleísta Galo Borja, vicepresidente de este organismo legislativo, quien precisó que el documento tiene por objetivo regular las actividades mercantiles en el Ecuador, así como los títulos valores y otras instituciones afines. Para el efecto se modifican los códigos de Comercio, Civil, Monetario y Financiero, de la Función Judicial, Aeronáutico, General de Procesos y el COIP.
El asambleísta Ramiro Aguilar propuso a los comisionados realizar un seminario académico sobre el tema para fines de enero, criterio que fue acogido por los legisladores.
El seminario se lo realizará por temas, por ejemplo: contratos mercantiles, luego contratos de seguros, obligaciones mercantiles versus obligaciones civiles; y transporte, por tanto, se lo llevará a cabo por tres o cuatro días.
Está previsto invitar a los representantes de las distintas cámaras de la producción, a las autoridades del Ministerio de Comercio, a fin de tener las dos visiones y recoger sus comentarios; también a expertos en la materia.
El seminario será abierto al público, por tanto podrán acudir todos quienes estén interesados en conocer el alcance de la propuesta y dar sus aportes. El objetivo es posicionar el Código en el debate académico.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández precisó que este seminario permitirá a los parlamentarios tener un conocimiento cabal de algunos elementos conceptuales y al mismo tiempo posicionar el código en el conocimiento ciudadano.
Posteriormente, los parlamentarios iniciarán el trámite del proyecto para lo cual escucharán a algunos expertos, se oficiará a las principales universidades del país para recoger criterios.
Se analizará libro por libro con algunas autoridades vinculadas con los temas de la actividad mercantil y actos de comercio y se convocará al representante de la Federación de la Cámara de Comercio, quien tiene una visión global de la situación de las cámaras a nivel nacional, así como a autoridades de la academia en materia económica, financiera, jurídica, es decir, de las facultades de Economía, Contabilidad, Administración de Empresas y Jurisprudencia
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