El proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene, entre sus objetivo, garantizar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos y para ello crea normas referentes al crecimiento poblacional que constituye un factor clave en la organización socio-económica de un país.
En el Ecuador la tasa de crecimiento poblacional aproximada en el 2014 fue del 1,37%, asciende a una población de 16 millones 278.844 habitantes, el año pasado. De ahí que se torna urgente la reactivación de la tierra rural que se encuentra desaprovechada. Las tierras que se destinarán a la redistribución deben contar con aptitud productiva no solo eficiente, sino amigable con el ambiente, de lo contrario se consignarán a la conservación con fines agrarios.
El Estado por intermedio del Poder Ejecutivo, al liderar la política de adjudicación, redistribución, acceso y uso equitativo de tierras rurales, velará por el cumplimiento de la función social y ambiental que le es inherente.
Para esto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) operará dentro de la ley, como la Autoridad Agraria Nacional. Se trata de una entidad rectora, coordinadora y reguladora de las políticas públicas sobre el eje de las tierras, en relación con la producción agropecuaria, encargada de garantizar la soberanía alimentaria.
Son 20 las competencias de esta instancia, entre las cuales destaca la regulación del uso sustentable del suelo con aptitud agropecuaria, en busca de preservar su capa fértil así como prevenir la erosión, desertificación y degradación. Tendrá a su cargo el Fondo Nacional de Tierras, que tras su creación, otorgará créditos preferenciales a los medianos y pequeños agricultores.
Así también, intervendrá en la formulación y ejecución de proyectos de producción sostenible; proporcionará asistencia técnica a los beneficiarios de la redistribución de tierra. Antes de iniciar los procesos de adjudicación o expropiación de tierras, emprenderá estudios sobre la aptitud y capacidad de uso de la tierra y regulará la utilización de productos, maquinaria, herramientas o implementos que pongan en riesgo las características físicas, químicas o biológicas de los suelos.
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