En el marco del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la asambleísta por la provincia de Imbabura, Marisol Peñafiel, señaló que la economía popular y solidaria es aquella que está por encima del capital y que centra su atención en los seres humanos y que el principio de asociatividad, establecido en la normativa, propende a que esa redistribución, distribución e intercambio cambie la forma de vida de la gente y la concepción de esta norma que se refiere a la economía de los probres.
La ley ha reivindicado los procesos de desarrollo de aquellos sectores que han sostenido la economía del país en las épocas de crisis y que han sido el aporte para el producto interno bruto, dijo, por ello, esa economía popular y solidaria debe ser fortalecida por el Estado, a través de la creación de esta norma jurídica, para que no debilite los principios asociativos que generan riqueza para los sectores productivos, que además son parte del desarrollo de los pequeños productores campesinos, agricultores, artesanos, entre otros.
Planteó sus observaciones a la economía de cuidado, donde no se debe tomar en cuenta únicamente a las actividades que realiza la mujer dentro del hogar, sino a las actividades no remuneradas que realiza fuera del hogar, sobre todo en los sectores rurales.
De su lado, el asambleísta Fausto Cayambe señaló que la economía popular y solidaria significa el 64 por ciento de trabajo de la población económicamente activa; representa el 25.7 por ciento del total del producto interno del país, representa expresiones comunitarias, familiares y de cooperativa, pero sobre todo se desarrolla capacidades organizativas y genera sinergias no solo con los niveles de gobierno, con las universidades, ONG, con la iglesia, las organizaciones populares, eso significa la economía popular y solidaria en nuestro país, recalcó.
No obstante, indicó que hay problemas serios, por lo que estas iniciativas deben contar con una diferencia específica, por eso coincidió en que la economía popular y solidaria debe contar con acciones afirmativas que deben estar expresas en la ley, en el reglamento y en la política pública.
Se refirió también al acompañamiento que deben brindar las diversas carteras de Estado para concretar el crecimiento de las empresas, de las asociaciones, de las cooperativas de economía popular y solidaria, porque de lo contrario no avanzarán estos emprendimientos.
La legisladora por Manabí, Soledad Vela, realizó observaciones en cuanto a la economía del cuidado y sugirió que se incluya una disposición transitoria donde se puedan presentar datos reales de lo que esto significa, mientras que la asambleísta Betty Jerez, destacó que con este proyecto se fortalecerá a las entidades que existen en cada provincia y coincidió con otros legisladores en cuanto a que la normativa prioriza al ser humano sobre el capital y contriubuye al buen vivir por medio de fuentes de empleo y desarrollo económico.
Emitieron sus observaciones la legisladora Liliana Guzmán, quien se refirió al objeto de las organizaciones del sector cooperativo; Pamela Falconí, respecto al enfoque de la normativa; Henry Cucalón, sobre la intervención de los GAD; y, Mónica Alemán, en cuanto a la consolidación de los derechos de quienes forman la economía popular y solidaria.
Para finalizar el debate, la asambleísta por Pichincha, María Augusta Calle, destacó que la mejor medida de política pública del Gobierno Nacional, a su criterio, es la expedición del Manual de Buenas Prácticas Comerciales, por parte de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado que logró incrementar significativamente las ventas después de la expedición del manual; esa es una medida de impacto real, puntualizó.
Solicitó al presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, que el manual que beneficia a los actores de la economía popular y solidaria, a los dueños de los supermercados y a los consumidores, establezca que los productos de la economía popular y solidaria cuenten con un porcentaje de espacio en las perchas de los supermercados del 35 por ciento y ubicación en espacios especiales.
Finalmente, dijo que el plazo de pago a los actores de la economía popular debe ser el mínimo para dar mayor liquidez a sus actividades, facilitar líneas de crédito para apoyar su dinámica y liquidez, y que las instituciones de control, principalmente en el ámbito de certificación, realicen la actividad de acompañamiento, capacitación, fortalecimiento para apoyar al desarrollo productivo de estos sectores y abrir una ventanilla única que permitiría que sus trámites de estructuración sean más rápidos.
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