Después de un proceso de tratamiento, análisis y debate que inició el 5 de junio del 2013, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Fabián Solano, presentó al Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que se desarrollará este jueves, a las 09h30.
Con el proyecto se busca implementar un registro en línea de las declaraciones, que es similar al del Impuesto a la Renta, con carácter jurídico, validez absoluta, indiscutible y sin tener que acudir a una notaría.
La Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre el 2010 y el 2013, ha receptado aproximadamente 180 mil declaraciones juradas, solamente en la provincia de Pichincha, las que sumadas a las de 10 años anteriores, ascienden a 1 millón 500 mil. En diez años, la Contraloría contaría con 4 millones de documentos por ser archivados, a nivel nacional. Además, esa institución se ve en la obligación de contratar digitadores en períodos críticos para responder con eficiencia a la demanda de trabajo.
Dentro de este contexto, los asambleístas miembros de la comisión consultaron a los delegados de la Función de Transparencia y Control Social, la jurisdicción, validez y competencia para la aplicación electrónica de las declaraciones juradas. La declaración jurada ante un notario público, no da elementos para hablar de perjurio, por lo cual la Corte Nacional resolvió que el único funcionario de justicia, facultado para receptar el juramento es el juez.
En este sentido, la Contraloría debe ser el organismo encargado de verificar el contenido del documento, ya que la validez de los aspectos jurídicos de las declaraciones electrónicas, según el Art. 12 del proyecto, indica su equivalencia a las declaraciones escritas, rendidas ante un notario. No es sino el declarante, el actor responsable de la declaración, pues lo hace bajo juramento. Finalmente, el Contralor del Estado sería quien recepta el juramento.
A fin de calificar la pertinencia de las declaraciones electrónicas, la comisión también estudió el tema con Jorge Machado y Fernando Arregui, Presidente y Director de la Federación Ecuatoriana de Notarios, respectivamente, y otras autoridades, afirmando la viabilidad de las mismas, en pro de actualizar la legislación, así también por economía procesal, pues la condición de que sea rendida ante un notario implica un limitante por la demanda de tiempo y dinero.
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