El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Fabián Solano, al señalar que el proyecto de Ley para Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas viabiliza la declaración en linea, sin recurrir a una notaria, asegura eficiencia y eficacia en el proceso.
La propuesta sustituye el sistema vigente de las Declaraciones Juradas que se lleva a cabo mediante escritura pública, por la implementación de un registro en línea, a través de un formulario electrónico, que ya existe, en el sitio web de la Contraloría General del Estado.
Fabián Solano resaltó la importancia de emprender un salto tecnológico de carácter cualitativo y cuantitativo alrededor de los procesos administrativos, ya que brinda eficiencia y eficacia. Ecuador es el único país en el mundo donde se realizan las declaraciones patrimoniales ante un notario de forma escrita, una realidad que merece un giro, agregó. Otras instituciones públicas ya se han sumado a la innovación tecnológica, actualmente, la declaración del Impuesto a la Renta se desarrolla vía on line, señaló.
El proyecto, en el Art. 12, garantiza el carácter jurídico y la validez absoluta, sin que los declarantes tengan que acudir a una notaría, sostuvo el asambleísta. En la medida que las declaraciones no constituyen un documento probatorio, la Controloría General del Estado deberá ser el organismo que verifique su contenido y otorgue validez a los aspectos jurídicos de las declaraciones electrónicas, equivalentes a las escritas que se rinden en las notarías, aseveró.
La declaración patrimonial rendida ante un notario no da elementos para hablar de perjurio, porque el único funcionario para receptar juramento es el juez, conforme lo resolvió la Corte Nacional de Justicia, añadió.
Dentro de este marco, dijo, no es sino el declarante quien asume la responsabilidad de no cometer falso testimonio, en tanto que declara bajo juramento y, al ser el contralor quien recibe el documento, entonces se valida su autenticidad.
Solano enfatizó que existe alrededor de 500 mil funcionarios públicos tanto de la administración central, de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la Policía Nacional y de otras entidades estatales, que cumplen esta obligación, mediante un ´trámite tedioso´.
Agregó que en este sentido, el registro en línea, inmediato y gratuito, implica un ahorro económico y de tiempo a los declarantes. Además, es constitucional y legal, pues se rige a todos los efectos jurídicos de la Constitución, subrayó.
En la sesión de hoy fue recibido en comisión general el presidente de la Federación Nacional de Notario, Jorge Machado, expresó que la autenticidad es un factor sustancial de la declaración, garantizada ante fe de conocimiento gracias al notario y es lo que se pierde en el documento electrónico.
Para conservar dicha seguridad, es indispensable que los declarantes obtengan una firma electrónica en el Banco Central, con un costo de 50 dólares, que deberá ser renovada anualmente, a fin de asegurar su autenticidad. ´Nada más eficaz que la escritura pública´, concluyó.
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