Durante el debate del proyecto de Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, parlamentarios de distintas bancadas resaltaron el objetivo que tiene la propuesta, ya que permitirá fortalecer el control de la Contraloría, eliminar trámites y gastos innecesarios que incurren los servidores públicos, mejorar procesos de transparencia y evitar la acumulación de documentos en bodegas. Es bueno dar un salto a la modernidad y utilizar de la tecnología para digitalizar los datos, dijeron.
Una de las principales preocupaciones de algunos legisladores fue el hecho de que si el servidor público al final de su gestión, no presenta su declaración juramentada en el plazo de 20 días, hará presumir enriquecimiento ilícito y la Contraloría iniciará un examen especial. En este marco, precisaron que no se puede obviar el principio de inocencia que establece la Constitución, en su artículo 76, por lo que pidieron al ponente revisar este particular.
El asambleísta Oswaldo Larriva dijo que en la normativa deben estar incluidos con la obligatoriedad de presentar una declaración patrimonial juramentada todas las personas que manejen fondos públicos y que no son servidores públicos. Mae Montaño dijo que el proyecto tiene un gran valor porque contribuye al control y combate de la corrupción, facilita el rol de la Contraloría que debe examinar y confrontar los datos proporcionados, entendiendo que su función no es receptar juramento.
De su lado, el parlamentario Luis Tapia propuso como texto alternativo que las disposiciones de este proyecto rigen para quienes de acuerdo a la Constitución y a la LOSEP son catalogados como servidores públicos, para evitar contradicciones con otras normativas. No está de acuerdo que la falta de presentación de la declaración patrimonial jurada al final de la gestión se lo presuma como enriquecimiento ilícito.
Por su parte Johana Cedeño indicó que los funcionarios públicos son los directamente beneficiarios de la ley. El proyecto se enmarca en una política de Estado que tienen como eje consolidar una cultura ciudadana en beneficio de lo público. Se fortalece la capacidad de control de la Contraloría, se elimina trámites y gastos innecesarios, agregó. Mientras que la legisladora María Augusta Calle dijo no estar de a cuerdo con el segundo inciso del artículo 5 del proyecto en lo que tiene que ver con la falta de presentación de la declaración jurada al término de las funciones haga presumir enriquecimiento ilícito. No se puede obviar el principio de inocencia, agregó. Dijo que si bien se eliminan trámites burocráticos y pago de 20 dólares en las notarias no se puede evitar la declaración ante un notario público para mantener la norma constitucional, caso contrario, habría que realizar cambios a la Constitución.
El asambleísta Franco Romero al precisar que los únicos que están en contra de este proyectos son los notarios porque dejarían de percibir aproximadamente 20 millones de dólares al año, resaltó que la normativa descongestiona y agilita trámites ahorrando tiempo y dinero de las personas.
El legislador Gastón Gagliardo subrayó que la propuesta es necesaria para transparentar los recursos económicos de los servidores públicos; sin embargo, mencionó que una ley ordinaria no puede estar por encima de la una ley orgánica, de ahí la necesidad de buscar un mecanismo en torno a este tema para que no exista contradicción entre normas.
Cristian Viteri expresó que si bien hay que dar un salto a la modernidad y evitar tantos documentos puestos en una bodega, le preocupa que si no se presenta en 20 días la declaración jurada se presuma enriquecimiento ilícito, más bien se debería establecer sanciones y que la Contraloría inicie las investigaciones.
JLVN/pv
