Con 108 votos, 2 negativos y 9 abstenciones el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Servicio Público, que remplaza a la LOSCCA y que tiene por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.El proyecto de Ley que fue aprobado sobre la base del informe trabajado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, está conformado por 137 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo final. Doce títulos distribuidos en 24 capítulos.
La aprobación de esta ley que regula la relación de los servidores públicos con el Estado responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la función pública.
La Ley beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos, sino fundamentalmente a los usuarios de los servicios que prestan las entidades estatales, porque está orientada a recuperar la institucionalidad del Estado. Además, se garantizan efectivamente los derechos de este sector y se destierra definitivamente cualquier forma de informalidad laboral.
La presidenta del organismo parlamentario, Nivea Vélez, al señalar que al margen de las diferencias políticas partidista que son legítimas, están empeñados en dar al país leyes que aporten al desarrollo nacional, precisó que los 11 integrantes del organismo, de las diferentes fuerzas políticas, respaldaron el informe.
La Comisión recibió más de un centenar de observaciones en el segundo debate de las cuales se ha acogido el 70% de las propuestas de los asambleístas, 21% de diferentes organizaciones y el 9%, que fueron nudos críticos, mismos que fueron resueltos con los jefes de bloque.
Entre los cambios incorporados está que las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan permanecido legalmente en el país al menos 5 años, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan sobre la materia.
Nivea Vélez expresó que es una ley progresista que puede servir de modelo para otras legislaciones, porque no solo se trata de incorporar el 5% de personas con discapacidad en las instituciones del sector público, sino que sanciona a quienes incumplan la norma y sobre todo pone énfasis en la obligatoriedad que tiene el empleador de adecuar los accesos para las personas con discapacidad y la capacitación a quienes conviven con estas personas para brindarles un trato adecuado.
Como transitoria consta que las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación y sus servidores administrativos pasen a formar parte del sistema educativo público.
Entre otros aspectos el proyecto contempla la jornada especial de trabajo de las personas que cuidan a personas con discapacidad; pluriempleo para los profesores de las universidades y orquestas sinfónicas; el bono de jubilación; el acceso al servicio público a través del concurso de méritos y oposición; la garantía de hacer carrera en el sector público; y, la evaluación anual como único mecanismo de acceso.
Además la Policía y los militares se integran a la Ley de Servicio Público, respetándose el derecho que tienen a recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios especiales.
En los próximos dos días hábiles el proyecto de Ley será enviado al Presidente de la República para que en el plazo de treinta días sea aprobado u objetado.
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