La asambleísta María Alexandra Ocles expuso ante la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad el contenido del proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, cuyo objeto es reconocer y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia.
La propuesta de ley pretende regular por primera vez en el Ecuador los derechos lingüísticos de forma seria y rigurosa; está pensada para todos los sectores y plantea la creación de la Secretaría Nacional de Derechos Lingüísticos, explicó.
Alexandra Ocles argumentó que la situación de las lenguas originarias es grave, ya que existe una pérdida acelerada. Anotó como ejemplo a Otavalo que en 1994 era el 92% de hablantes y en 2014 solo el 49%. Mencionó que su iniciativa promueve un proceso sostenible y sustentable de rehabilitación y fortalecimiento de las lenguas originales y ancestrales.
Al igual que en la Revolución del Conocimiento la educación es el corazón de la transformación social; en la Revolución de las Culturas las lenguas son el corazón de la transformación cultural, precisó
Señaló que esta norma abarca todos los ámbitos de los derechos y la revitalización lingüística; cubre todos los sectores donde se usa la lengua, pretendiendo llegar a coordinar todas las instituciones públicas ejecutoras en su aplicación y pretende generar un proceso sostenible de fortalecimiento de las lenguas ancestrales.
Incorpora los conceptos de progresividad y la zonificación lingüística. El primer término toma en cuenta la compleja realidad de cada una de las lenguas ancestrales, en donde el Estado asegurará la protección y garantía de los derechos de los hablantes de forma progresiva, explicó.
En la zonificación, de acuerdo con la realidad sociolingüística ecuatoriana y sus particularidades geográficas, se establecerán tres tipos de zonas, dependiendo de una combinación de indicadores de la vitalidad sociolingüística, enfatizó.
El documento contiene 5 títulos, relacionados con la naturaleza, objeto y principios; derechos de las y los hablantes de lenguas ancestrales; fortalecimiento y revitalización de las lenguas ancestrales; fomento del uso de las lenguas originarias; órganos rectores de las lenguas ancestrales.
Ley de Comunicación
En otro orden, la comisión inició el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación de iniciativa de la asambleísta Mae Montaño. Para tal efecto recibió los argumentos de su proponente y las observaciones del Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
Entre las reformas planteadas constan limitar las cadenas nacionales a máximo cinco minutos diarios no acumulables; eliminar la multa económica por reincidencia y la figura del linchamiento mediático, así como una nueva configuración del Consejo de Regulación de la Comunicación.
Mae Montaño sugirió eliminar las sanciones administrativas a los medios de comunicación contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley, referidas a la rectificación y réplica, porque considera que las multas pueden llevar a un debilitamiento económico de los medios.
Igualmente propone eliminar la figura del linchamiento mediático, argumentando que los enunciado son de carácter subjetivo y otorgan a la autoridad un poder discrecional. Además, que se modifique la conformación del Consejo Regulador de la Información con mayor participación ciudadana.
El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, expresó su desacuerdo con la propuesta, señaló que se trata de desproteger a las personas o disminuir su protección, a la vez que sostuvo que el linchamiento mediático debe tener una mayor sanción.
Reiteró que a través del linchamiento mediático se puede acabar con la honra y la vida de una persona porque se puede generar criterios sobre su honradez, por lo que considera que se los debe mantener en la ley.
Ochoa anunció que en el primer trimestre del año presentará reformas a la Ley de Comunicación para que exista progresividad en las sanciones y que la institución tenga capacidad coactiva.
RSA/pv
