La Comisión de Educación continuó el trámite del proyecto de Ley para el cierre de las universidades suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Raúl Abad, presidente de la comisión y autor del proyecto, destacó que de este modo se cerrará definitivamente una nefasta página de la historia de la educación superior, más aún cuando ciertas universidades vieron a la actividad educativa como el gran negocio, desarrollaron una pésima gestión y perjudicaron los sueños y anhelos de miles de jóvenes.
Recordó que el Estado ecuatoriano invirtió alrededor de 45 millones de dólares en el plan de contingencia para favorecer el interés de los alumnos perjudicados y posibilitar que se gradúen en otras instituciones, tras señalar que en su proyecto se establece que de los bienes de esos centros se hará un fideicomiso que será manejado por la Corporación Financiera Nacional y de allí se pagará a los acreedores, a profesores, trabajadores, al Seguro Social.
En caso de existir un saldo a favor, es decir, excedentes, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Constitución determinan que los recursos pasen a los institutos superiores o las universidades públicas o privadas. Para los dueños y promotores no hay vuelto en este sentido, es todo en bien de la educación, lo que, de ninguna manera, significa una confiscación, lo que se demanda es que paguen lo que deben, especialmente que el país recupere la inversión realizada, enfatizó.
Los parlamentarios Ricardo Moncayo y Wlison Chicaiza comentaron que al eliminar la posibilidad de reclamo de parte de los propietarios de las universidades cerradas se incurre en una especie de enajenación de bienes.
El legislador Armando Aguilar pidió que se convoque a René Ramírez, máxima autoridad del Consejo de Educación Superior (CES), a fin de profundizar el análisis de la situación de las universidades suspendidas y la forma técnica de proceder al cierre de las mismas. Miryiam González, Gastón Gagliardo, Diego Vintimilla, Ximena Ponce y Herman Moya coincidieron en la necesidad de definir con claridad el destino de posibles excedentes.
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